La Policía Nacional detuvo a 57 personas que integraban una red ubicada en Barcelona y que se extendía por distintas ciudades, como Valencia y que se dedicaba a la regularización de ciudadanos chinos, a quienes daban de alta en la seguridad social y dotaban de permiso de residencia de manera ilegal. A cambio de esto, los inmigrantes debían entregarles unos 8.000 euros.
La organización conseguía «empleadores», a los que solía pagar entre 1.500 y 2.000 euros por cada ciudadano chino que daban de alta en la Seguridad Social como empleados de hogar. A continuación estos conseguía un permiso de residencia.
Estas personas, una vez regularizada su situación a partir del falso escenario creado por esta organización, viajaban hasta Barcelona para trabajar en distintas empresas del sector textil sin llegar a desempeñar este empleo para el que habían sido aparentemente contratados y documentados.
Esta operación se ha desarrollado en distintas ciudades de la geografía española, entre ellas Las Palmas, Barcelona, Valencia y San Sebastián y se ha saldado con un total de 57 detenidos.
Gran parte de los arrestados están acusados de los delitos de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Algunos de ellos son trabajadores del sector hostelero de la isla de Lanzarote, a quienes el líder de la red, de nacionalidad china, captaba, al igual que hacía su esposa, quien también daba de alta a supuestos empleados de hogar a cambio de dinero. De hecho, a la mujer le fueron intervenidos 14.480 euros en el aeropuerto de Lanzarote cuando regresaba de obtener el cobro que los ciudadanos chinos le debían por sus «servicios»
Durante el registro en su domicilio los agentes se incautaron de material informático y documentación que confirmaba que toda la actividad de la red se centraba en su líder, que se encargaba de tramitar la documentación, buscar supuestos empleadores y organizar los viajes para realizar los trámites dirigidos a la regularización de los ciudadanos chinos.
