El pequeño Alejandro dejó de respirar una mañana de mayo de 2015 cuando tan solo contaba con cinco años de edad. Su madre, de 38 años y natural de Nicaragua aunque afincada en Almàssera, le suministró un fármaco para dormirle y, una vez desvanecido en la cama, lo asfixió tapándole las vías respiratorias con un almohadón. Así lo afirma el fiscal en su escrito de calificación, en el que solicita para la acusada una pena de 18 años de cárcel por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco.
El Ministerio Fiscal contempla también la circunstancia atenuante analógica de alteración psíquica ya que la presunta filicida «presentaba antecedentes psiquiátricos patológicos con síntomas ansioso-depresivos, rasgos de la personalidad límites, marcada inestabilidad emocional, conductas inadecuadas y tendencias obsesivas en la relación mantenida con su hijo».
No obstante, aclara que estas circunstancias «no afectaban en modo alguno a su capacidad de conocimiento y comprensión de los hechos que cometió, al tener tal capacidad plenamente conservada, pero sí pudieron mermar ligeramente su voluntad en la decisión de cometer la acción homicida». En base a esta argumentación y después de analizar los informes de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia, la Fiscalía entiende que la procesada sí que es imputable y no contempla la posibilidad de un internamiento psiquiátrico.
Quería regresar a Nicaragua
Aunque jamás se había mostrado violenta con su hijo e incluso varios testigos que han declarado durante la fase de instrucción apuntan a que era una madre «sobreprotectora», se sospecha que ésta pudo decidir acabar con la vida del menor debido a la fuerte depresión que sufría por el deseo de regresar a su país. La mujer llevaba cinco años de convivencia con el padre de su hijo, un valenciano treinta años mayor que ella, y desde que meses antes del crimen regresaron de un viaje a Nicaragua se le había metido en la cabeza la idea de volver, explicaron fuentes conocedoras del caso. Estas mismas fuentes apuntan que el pequeño era lo único que le impedía volver, que la ataba a su vida en Almàssera, y por ello lo mató.
El 23 de mayo del pasado 2015, a las 7.50 horas, el padre de Alejandro salió de casa para irse a trabajar, dejando a su mujer e hijo durmiendo en la habitación. Cuando horas más tarde, a la una y media del mediodía, regresó al hogar, el sexagenario se encontró al pequeño sin pulso sobre el cuerpo de su mujer, quien se había causado una herida leve en el abdomen y lesiones superficiales en ambas muñecas. «¿Qué has fet?», le gritó el hombre.
Rápidamente lo cogió en brazos y se lo llevó al centro de salud de la localidad, situado a escasos metros. Sin embargo, los médicos confirmaron que el niño ya había muerto. Los médicos forenses certificarían posteriormente que la causa del fallecimiento fue una asfixia mecánica.
Según el relato de hechos del fiscal, la acusada suministró a su hijo un fármaco para dormirle y en torno a las 13.00 horas, cuando estaba totalmente desvanecido e indefenso en la cama, «le colocó un almohadón en la cara tapándole las vías respiratorias y presionó sobre él hasta causar el fallecimiento del menor por asfixia».
La presunta asesina permanece en prisión provisional desde entonces. Con la última reforma del Código Penal de julio de 2015 su crimen podría ser castigado con la pena de prisión permanente revisable, pero por apenas unos meses su caso todavía se beneficiaría de la anterior legislación.
