La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y ha liberado a 33 personas de nacionalidad búlgara que vivían en condiciones insalubres y hacinadas en pisos de la localidad segoviana de Cuéllar y de Bahabón (Valladolid).

En el marco de la operación 'Carroñero', han sido detenidas cuatro personas de edades comprendidas entre los 25 y los 43 años de nacionalidad búlgara. Se les imputa los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal.

La operación, coordinada por la Agencia Europea Europol y que ha contado durante la fase de explotación con la presencia de miembros de la Policía de Bulgaria desplazados para apoyar en el terreno en las detenciones y asistencia a las víctimas, se han realizado dos registros domiciliarios: uno en Cuéllar (Segovia) y otro en Bahabón (Valladolid).

Las investigaciones se iniciaron a principios de este año cuando la Guardia Civil detectó la presencia de esta pequeña comunidad búlgara realizando tareas de recogida de cítricos en los campos de Valencia.

Trabajos en el campo

Durante las investigaciones, los agentes comprobaron que estas personas estaban siendo trasladadas a otros puntos de la geografía española para seguir realizando trabajos en el campo. Posteriormente, la Guardia Civil determinó que estaban siendo obligadas a realizar trabajos en el campo, hacinadas en pisos y en condiciones insalubres.

La organización, compuesta por ciudadanos búlgaros, se encargaba de captar mediante el engaño a las víctimas --todas originarias de la región de Pleven (Bulgaria)-- ofertándoles falsas expectativas de trabajo en España. Les decían que podrían ejercer un trabajo bien remunerado con la posibilidad de residir en una vivienda digna.

Posteriormente eran trasladados a España en furgonetas de la propia organización o en autobuses de líneas regulares. Una vez en el destino, el responsable de la organización comunicaba a las víctimas la contracción de una deuda por el traslado a España.

Asimismo, la red criminal les obligaba a residir en la misma vivienda a más de 20 personas en condiciones de insalubridad y seguridad, con conexiones ilegales al tendido público, en habitaciones o buhardillas de hasta diez personas y sin agua caliente.

50 euros por dos meses de trabajo

Las víctimas eran sometidas diariamente a trabajos de recolección de productos agrícolas en el campo sin ningún tipo de contrato de trabajo ni seguridad social y por un salario cobrado en 'B'.

Del dinero que ingresaban se les descontaba una parte por gastos de manutención y del viaje por el traslado a España llegando algún trabajador a percibir tan solo 50 euros por dos meses de trabajo.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sueca (Valencia).