06 de noviembre de 2016
06.11.2016
Fiscalía

Juzgan al dueño de un club de alterne de El Campello por no dar de alta a las prostitutas

El fiscal pide un año de cárcel y una multa de 1.800 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores

06.11.2016 | 10:49

El propietario de un club de alterne de El Campello deberá sentarse en el banquillo por no tener a las mujeres que trabajaban en el locas dadas de alta en la Seguridad Social, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este diario. La acusación en consecuencia de una inspección realizada por la Administración en el interior del local en mayo de 2014. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que no se trata de un caso puntual y que hay responsables de otros locales que han sido imputados después una inspección por no tener dadas de alta a las trabajadoras que se encontraron en ese momento dentro del local.

Los inspectores de la Seguridad Social tienen claro que las mujeres que encontraron en el interior del local en el momento en que se realizó la visita estaban desempeñando una actividad laboral, con horario de entrada y salida, con días de descanso. La Fiscalía respalda este criterio y ha solicitado un año de cárcel para el propietario del local por un delito contra los Derechos de los Trabajadores. El caso deberá juzgarse en un juzgado de lo Penal de Alicante, pero debido a la saturación judicial no podrá celebrarse hasta el año 2019.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas del 14 de mayo de 2014, cuando inspectores de la Seguridad Social se personaron en el club de alterne Xanadú de El Campello para comprobar las instalaciones. Los funcionarios encontraron en ese momento a seis mujeres trabajando en el interior del local, sin que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social. En el informe señalaban que éstas desempeñaban su jornada laboral desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la madrugada, todos los días de la semana con la excepción de los que correspondían a su descanso.

Las mujeres cobran una comisión por las copas cuando alternan con los clientes, así como el dinero que abona por la habitación para mantener relaciones sexuales. En el momento de la inspección, la empresa contaba con una plantilla de once trabajadores. El fiscal considera que el propietario del local no dio de alta en el régimen de la Seguridad Social «a sabiendas» de su obligación de hacerlo desde antes de que iniciaran la prestación.

El fiscal reclama un año de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores, así como el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros, un total de 1.800 euros.

Penalistas expertos en materia de prostitución señalaron a este diario que otros juzgados tramitan procedimientos penales contra propietarios de locales de alterne por hechos similares. Sin embargo, dichas fuentes apuntaron a que penalmente estas denuncias no deberían prosperar puesto que la prostitución no es una relación laboral. En este sentido, señalaron que si las mujeres intentaran darse de alta en la Seguridad Social, se encontrarían con que no hay ningún epígrafe que ampare dicha actividad. Las mismas fuentes apuntaron a que con estas denuncias la Seguridad Social intenta recaudar en un mundo donde abundan los pagos en dinero negro. De este modo, consideraron que en el juicio debería dilucidarse si la prostitución que se ejerce en este tipo de locales entraña algún tipo de relación laboral entre empresario y trabajadora..

La causa ha llegado esta semana a un juzgado de lo Penal para que celebre el juicio. Sin embargo, la lista de espera en esta jurisdicción es ya muy amplia y la agenda no está libre hasta los primeros meses de 2019.

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