La Fiscalía provincial de Valencia solicita dos años y cinco meses de prisión para el economista y exinterventor del Consorci de Museus, Rafael Parra Mateu, por la primera de las quince piezas separadas en las que se ha troceado la conocida como «trama de asesorías». Se trata de una presunta red de corrupción que investiga la Fiscalía Anticorrupción desde 2013 en la que el ex secretario municipal de Canet d´en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, y el exinterventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateu, crearon un entramado de sociedades para asesorar a pequeños ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
Una de las primeras piezas separadas en concluir la investigación y calificar penalmente los hechos es la referente al Ayuntamiento de Buñol, en la que la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia solicita dos años de prisión por un delito de falsedad documental y cinco meses más por estafa para Rafael Parra Mateu por intentar cobrar una factura por trabajos no realizados al Ayuntamiento de Buñol. Parra Mateu fue absuelto de unos delitos similares en el juicio que condenó a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad Garcia, y José Antonio Sancho Sempere, a dos años de prisión cada uno, y que el Supremo acaba de ratificar.
En la pieza sobre Buñol, la Fiscalía considera que Parra Mateu «con la intención de obtener un lucro injusto y actuando como administrador de hecho y dueño efectivo de Asesores Económicos Públicos SL remitió una carta al alcalde de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol en la que exigía el pago de una factura de 5.974 euros por unos supuestos servicios de asesoramiento económico prestados en 2007».
El presunto asesoramiento consistía en la «contabilización, liquidación del presupuesto y elaboración de la cuenta general de 2006» que Parra Mateu facturó el 10 de abril de 2008.
Sin embargo, el alcalde de Buñol «con el asesoramiento de la secretaria municipal indicó [a Parra Mateu] que los servicios expuestos en la factura no se habían prestado». Aunque como el economista defendía que sí se habían realizado, el Ayuntamiento de Buñol le requirió que «enviara la documentación elaborada para presentarla a la Sindicatura de Comptes en la elaboración de la Cuenta General de 2006», mediante carta certificada enviada el 3 de abril de 2009.
Un año después Parra Mateu remitió un burofax al Ayuntamiento de Buñol en el que reclamaba el pago de la factura por 5.974 euros o «en caso contrario emprendería acciones legales, exigiendo además intereses y costas».
El Ayuntamiento de Buñol nunca pagó la factura reclamada por Asesores Económicos Públicos SL porque «sencillamente el servicio no se había prestado».
