Un accidente en el que fallecieron una mujer y su hija de doce años, ocurrido en junio de 2013 en la autovía A-7 a la altura de Massamagrell, ha acabado llevando ante los tribunales a un letrado valenciano, en este caso como acusado, por un presunto delito de apropiación indebida en el reparto de la indemnización del siniestro, que ascendía a los 207.000 euros. Las rencillas familiares entre el viudo y padre de la fallecida y el resto de sus hijos parecen estar detrás de esta grave acusación, por la que el letrado que les representó ante la compañía aseguradora se enfrenta ahora a una petición de pena de hasta un año y medio de cárcel.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. Fue el propio acusado, abogado penalista de profesión, quien se defendió así mismo, algo poco habitual, aunque argumentó que nadie mejor que él para exponer su defensa ya que conoce el caso perfectamente desde el origen.

El letrado atribuyó la denuncia interpuesta por su cliente a una animadversión hacia su persona, después de que la actual pareja sentimental de éste quisiera mantener relaciones con él. Así, presentó como prueba varios mensajes subidos de tono enviados por esta mujer. Además, la familia también tiene cierta inquina contra los abogados. En parte, quizás, a que el causante del accidente en el que perdieron la vida su mujer y su hija de doce años era un abogado de Castelló. El letrado, que viajaba con una mujer de 42 años, golpeó con su todoterreno por detrás el vehículo en el que circulaba la madre y la menor, y debido al choque el coche prendió en llamas. Ambas murieron calcinadas. Tras reconocer su responsabilidad en el accidente y evitando así que la familia tomara acciones penales o civiles contra él, la compañía aseguradora del conductor pagó 207.000 euros de indemnización. Es ahí cuando empieza la batalla judicial por el reparto de las cantidades acordadas para el viudo y los tres hijos. Según la versión sostenida durante la vista oral por el abogado de la familia, acusado de apropiación indebida, cada uno de los hijos cobró su parte directamente y los 50.000 euros restantes que le correspondían al padre fueron designados a su propia cuenta bancaria para que, siguiendo indicaciones de su cliente, los transfiriera a partes iguales a sus vástagos. «No se terminaba de fiar de su pareja y me dijo que se lo diera a los hijos. Quería mantenerla ajena a la indemnización», alegó el letrado, reconociendo que fue una conversación verbal, aunque previamente ya le había firmado un poder de representación procesal.

El letrado, para el que el fiscal ha retirado la acusación al no apreciar delito alguno, sostiene que transfirió dichas cantidades a los hijos y que únicamente se quedó con el diez por ciento habitual -9.000 euros- en concepto de honorarios. Es más, todavía hoy no ha cobrado la totalidad de lo que le correspondía.

Esta versión fue refrendada por los hijos, quienes aseguraron que cobraron cada uno 15.000 euros «por expreso deseo del padre».