Un gestor del cobro, que se identificaba ante sus víctimas como «el cobrador del frac», está siendo juzgado por un Jurado Popular en Valencia por los delitos de allanamiento de morada y amenazas. El acusado, quien ha negado los hechos, accedió presuntamente al interior del domicilio de sus víctimas, en Alfafar, sin su permiso y ante la «insistente negativa» de la madre del supuesto deudor, una mujer de 84 años. Asimismo, amenazó presuntamente a la esposa del propietario del inmueble e incluso le manifestó que iba a ir al colegio de su hijo pequeño para llevárselo en un furgón grande hasta que pagasen la deuda, como ya adelantó en exclusiva Levante-EMV en su día.
El Ministerio Fiscal solicita para el procesado una pena de cuatro años de prisión, dos por un delito de allanamiento y otros dos por las amenazas. Los hechos juzgados de esta mañana por un Jurado Popular ocurrieron el 20 de enero de 2014.
En torno a las doce del mediodía el acusado, trabajador de una empresa dedicada al cobro de deudas pendientes, se presentó en el domicilio particular del supuesto deudor, en la localidad de Alfafar. Tras llamar a la puerta fue recibido por la madre del propietario. Según la versión de la octogenaria, éste empujó la puerta hacia dentro y entró en la casa sin ni siquiera decir a qué venía y pese a su oposición. Una vez en el interior del domicilio la esposa le pidió explicaciones sobre su comportamiento y le pidió que se marchara de su casa.
Según recoge el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado «empezó a exclamar que su marido debía dinero y si no pagaba se va a buscar problemas». De igual forma, le amenazó con contarle su situación a todo el mundo y que «la próxima vez que volviera no iría a gastar gasolina, sino que lo haría de otra manera, que como su marido no pagara ella y su familia tendrían problemas».
Todo ello generó «una situación de angustia en ambas mujeres», según el fiscal. Más aún cuando les dijo que tenía intención de ir al colegio de su hijo pequeño para llevárselo en un furgón hasta que pagasen la deuda.
La Fiscalía considera tales hechos constitutivos de un delito de amenazas, por el que solicita dos años de prisión. Así como de un delito de allanamiento de morada, por el que pide otros dos años de cárcel y 2.400 euros de multa.
