El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reconocido el derecho de José Antonio A.O. a ser indemnizado por la destrucción del arsenal que poseía tras ser absuelto en el juicio de la operación Pánzer, celebrado en 2014 en Valencia, contra 18 supuestos neonazis del Frente Antisistema.
En su resolución el CGPJ considera que se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como consecuencia de la destrucción anticipada de efectos cuando el proceso penal no había concluido y sobre cuyo destino el órgano judicial no se había pronunciado, por lo que estima que concurre responsabilidad patrimonial del Estado.
Jose Antonio A.O., que era militar y considerado el presunto cabecilla de la red Pánzer, reclamó en 2015 al Ministerio de Justicia indemnización de 16.531 euros y expuso que en el seno de la operación se realizaron sendos registros en sus domicilios de Valencia y de la localidad valenciana de Puçol en las que fueron intervenidas múltiples armas y otros efectos.
En concreto, una pistola, dos cargadores, tres puntos de mira, una canana de caza, un cuchillo, una funda sobaquera de arma corta, dos visores, dos carabinas, otros tantos rifles, una escopeta, un chaleco antibalas, tres machetes, uno de ellos tipo bayoneta del ejército del aire con su funda reglamentaria y tres espadas, una de ellas de oficial del ejército.
Asimismo, un paquete con cuatrocientos cartuchos con bala, una daga, una hebilla de soldado alemán al parecer de bastante valor y un casco militar, medallas, pasadores, cruces y escudos con simbología nazi.
El CGPJ explica que dichos efectos quedaron a disposición de un Juzgado de Carlet que los envió al Juzgado de Valencia que instruyó la causa que dio lugar al juicio en la Audiencia Provincial que en 2014 absolvió a todos los acusados, una resolución que confirmó al año siguiente el Tribunal Supremo.
Añade que entonces José Antonio A.O. solicitó la devolución de los efectos señalados y tras una serie de diligencias realizadas por la Audiencia de Valencia no se los pudieron entregar ya que fueron destruidos y perdidos.
La resolución explica que la Guardia Civil había solicitado en 2013 al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana autorización para reducir a chatarra las armas que se encontraban depositadas a disposición judicial y de otras autoridades correspondientes a 2006.
Agrega que el Tribunal Superior autorizó ese mismo año la destrucción de todas las armas correspondientes a 2006 y depositadas en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.
El CGPJ afirma que el hecho de que la destrucción de las armas tuviera lugar previa autorización del Tribunal Superior "no enerva el incumplimiento del deber de conservación de los bienes depositados que tenía el órgano judicial".
