Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja por explotar en el restaurante chino que regentaban en València a cinco trabajadores, a quienes hacían trabajar todos los días de la semana, durante diez horas y por 15 o 20 euros diarios, y solo les permitían comer arroz blanco.
Los trabajadores, dos de ellos de nacionalidad española y tres extranjeros, «trabajaban de forma ilegal y soportaban una precaria situación laboral por necesidad económica y por tener a menores a su cargo», según informó ayer la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.
Los hechos fueron descubiertos en el transcurso de las inspecciones de trabajo en bares, restaurantes y locales de ocio llevadas a cabo entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, en un restaurante de comida china.
Allí comprobaron que, al menos cinco trabajadores, dos de nacionalidad española y tres extranjeros, se encontraban trabajando de forma ilegal y en condiciones laborales lamentables.
Estos empleados carecían tanto de Seguridad Social como de seguro médico y, al parecer, «trabajaban en jornadas maratonianas todos los días de la semana, unas diez horas diarias, por un salario de 15 a 20 euros al día, durante las cuales solo se les permitía comer arroz blanco», sin ningún otro aderezo, según explicaron las fuentes antes citadas.
Los policías, tras las comprobaciones oportunas, detuvieron a la pareja que regentaba el restaurante, un hombre y una mujer de 44 y 27 años respectivamente, ambos origen chino. Los dos están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por lo que respecta a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, se tramitó el correspondiente expediente sancionador, según las fuentes, que han indicado que los detenidos, el hombre con antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial.
Tolerencia cero
La directora general de Trabajo, Cristina Moreno, anunció hace quince días que el Consell «va a aplicar la tolerancia cero ante la contratación fraudulenta de trabajadores».
«No sólo se está realizando un fraude a los trabajadores y a la Seguridad Social, sino también una competencia desleal a aquellas empresas que sí cumplen con las condiciones salariales y laborales», añadió la directora general.
