La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un médico del Hospital Clínico de València que falsificó recetas para sacar del Servicio de Farmacia del centro un medicamento para la disfunción eréctil con la tarjeta sanitaria (SIP) de un familiar, incluso cuando éste ya había muerto.
La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, le considera autor de los delitos de falsedad en documento oficial y estafa a la Administración, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El fallo le impone además una multa de 6.765 euros y le inhabilita para ejercer cargo público durante cuatro años.
Además, el jefe del Servicio de Urgencias deberá indemnizar a la Generalitat con cerca de 7.000 euros, precio estimado de los medicamentos que obtuvo con el SIP de su tío, ya que cada caja cuesta 500 euros.
Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el condenado sacó hasta 14 cajas del medicamento "Revatio", un fármaco indicado para la hipertensión pulmonar primaria y la disfunción eréctil, de la unidad de Farmacia del Clínico, con la tarjeta sanitaria de su familiar.
Según la sentencia, el médico, jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, hizo creer al responsable de Farmacia del centro sanitario que su familiar necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009.
De este modo, el médico sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una enfermedad pulmonar.
De hecho, y según el relato de hechos probados, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el "Revatio" estaba contraindicada.
El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011.
En el juicio explicó que estas últimas dosis eran para su padre que, según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar.
La sentencia considera que no ha quedado probado el uso que el jefe de Urgencias del Clínico dio al fármaco que consiguió irregularmente, pero descarta que su intención fuera tratar con dichas pastillas a sus familiares.
La sentencia explica que cuando en una receta oficial consta algo incierto y el destino de la medicación no es el tratamiento del enfermo cuya patología se usa como excusa "para generar la apariencia necesaria para conseguir que el servicio de Farmacia expida la medicación", quien se responsabiliza de la prescripción como médico "incurre en una falsa narración de los hechos relevantes del documento, es decir, en falsedad".
El magistrado presidente del Tribunal del Jurado considera que en este caso la falsedad la comete un funcionario público que actúa dentro de sus funciones al rellenar el documento.
Por último, concreta que la actuación del acusado responde a un delito de estafa a la Administración Pública, ya que el engaño al responsable de Farmacia provocó un perjuicio patrimonial para las arcas públicas, en el importe de los medicamentos suministrados.
