El pequeño 'Pipo', un perro de raza ratonera de once años de edad, murió en julio de 2016 tras ser arrojado desde el balcón de un séptimo piso en el valenciano barrio de Malilla. La presunta autora de su muerte, constitutiva de un delito de maltrato animal, ha sido juzgada en el Juzgado de lo Penal número tres de València y se enfrenta a una petición de pena de hasta tres años de cárcel. Además del citado maltrato a animal doméstico se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, ya que agredió a los policías cuando procedieron a su detención.
Según la versión del propietario del animal, excompañero de piso de la acusada, ésta mantuvo una acalorada discusión con él por cuestiones relacionadas con el inmueble que compartían ambos. En un momento dado la mujer cogió del cuello al pequeño can y sacó el brazo por el balcón. Acto seguido empezó a contar hasta tres y dejó caer al animal al vacío desde un séptimo piso.
Por su parte, la procesada negó en el juicio haber arrojado al perro e incluso alegó que fue el propio animal el que se tiró solo desde esa altura por causas que no supo explicar. El can murió en el acto debido a la caída.
Una finca de Malilla
Los hechos, de los que informó en su día Levante-EMV, ocurrieron en la tarde del 13 de julio del pasado año en una finca de la calle Isla Cabrera de València. En un primer momento se barajó que la detenida y el dueño del perro eran pareja, aunque en la vista oral no se ha podido acreditar que mantuvieran una relación sentimental.
Lo que sí confirmaron ambos es que compartían domicilio y que el día en que murió el perro mantuvieron una discusión fruto de esta convivencia. 'Pipo', que así se llamaba el animal, era propiedad del compañero de piso de la acusada y la mujer supuestamente habría arrojado al can por el balcón sabedora del dolor que ello le causaría a su dueño.
De hecho, después de lanzarlo al vacío la procesada, que estaba muy alterada, comenzó a agredir a su compañero con arañazos en los brazos y el cuello. Lesiones por las que el herido requirió asistencia médica.
Asimismo, cuando agentes de la Policía Nacional trataron de inmovilizarla para proceder a su detención, ésta le propinó un codazo a unos de ellos y dos puñetazos a uno de los mandos.
El Ministerio Fiscal solicita para la acusada 18 meses de prisión así como cuatro años de prohibición para la tenencia de animales por un delito de maltrato animal.
De igual forma pide un año y medio de cárcel por el delito de atentado a agente de la autoridad y una multa de 1.200 euros por dos delitos leves de lesiones. Por otra parte, en concepto de responsabilidad civil, la acusada debería indemnizar al dueño del animal, además de por el importe en que sea tasado el perro, con 500 euros por los daños morales que le supuso su muerte.
