Un guardia civil en el punto de mira

V. C. M., Valencia Podría ser la clásica historia del hombre que llega a su cima particular, le arrojan desde lo alto y lucha por volver a subir; y la podría haber escrito el Franz Kafka del Proceso. Hasta el 8 de marzo de 2006, el protagonista de esta historia, el cabo de la Guardia Civil J. J. A., trabajaba como Policía Judicial en la demarcación de Llíria, era profesor del Instituto Valenciano de la Seguridad Pública (IVASP) y había resuelto alguno de los sucesos más famosos que se habían dado en la comarca. Media docena de reconocimientos oficiales acreditaban que J. J. A. hacía bien su trabajo.
Pero ese 8 de marzo de 2006 la Policía Nacional detenía a J. J. A. en el mismo cuartel central de Valencia donde le habían llevado «para hablar de un asunto». Tras pinchar el teléfono de uno de sus confidentes, la policía le acusaba de un presunto delito de revelación de secretos oficiales al facilitar supuestamente a un sospechoso las matrículas de los coches camuflados que le estaban vigilando. Por orden del juzgado, el policía judicial -que desde el principio negó estas acusaciones- fue llevado a los calabozos mientras los medios de comunicación relataban ese mismo día los detalles y razones de su detención pese a existir el secreto sumarial. Un calvario de dos años Dos días después fue puesto en libertad pero daba comienzo el calvario de casi dos años de baja por estrés, la amenaza de un destino forzoso y un difícil proceso que concluyó el pasado mes de octubre cuando la juez de Llíria archivó su caso después de que el propio fiscal considerase que no había delito, que las escuchas habían sido ilegales y que encima en estas J. J. A. no reveló ningún dato confidencial.
Es decir, después de dos años de investigación el proceso acaba concluyendo que detrás de él no había ningún delito y que la detención de J. J. A. tenía más de una irregularidad. Por ejemplo, la versión policial indicaba que el cabo había revelado datos confidenciales a un delincuente cuyo teléfono había sido pinchado junto al de otras cuatro personas. Según la policía, dos de ellas dejaron de recibir llamadas, otra no tenía nada que ver con el caso y de la cuarta no se obtuvo nada relevante. Supuestamente, el quinto «pinchazo» investigaba a un ciudadano extranjero, pero los agentes se equivocaron y pincharon el del confidente de J. J. A. A pesar del error, la juez de Alzira que llevó el caso dio orden de seguir con la escucha.
El 7 de marzo de 2006, el «confidente» se dirige a J. J. A. para denunciar que la noche anterior había sorprendido a alguien manipulado su vehículo y le facilita la matrícula del coche en el que huyó la persona que estaba cometiendo esta acción. El cabo consulta la base de datos de Tráfico por si era un coche robado y comprueba que es una matrícula de un vehículo «reservado» (es decir, perteneciente a un organismo público). En teoría fue esta comprobación la que la policía utilizó para detenerlo al día siguiente por revelar secretos oficiales. Revelación de secretos Una vez en libertad con cargos, J. J. A., convencido de su inocencia, intenta contraatacar pidiendo a la juez de Alzira que investigaba el caso todos los documentos del proceso. La juez se niega pero la Audiencia Provincial reconoce en noviembre de 2006 el derecho del acusado a consultar los documentos y ordena además que se investigue la revelación a los medios de las causas de la detención antes que al propio imputado y a pesar del secreto sumarial.
Mientras tanto, durante el verano 2006, el agente de la policía judicial había tenido que declarar en dos ocasiones ante un juzgado militar después de que el mismo superior que le detuvo le denunciase por abandono de residencia. En ambas ocasiones el togado militar archivó las denuncias. Finalmente, en el verano de 2007 la investigación pasa al juzgado número 2 de Llíria, que lo archiva al no encontrar ningún delito. El proceso contra J. J. A. y su pesadilla particular habían terminado.