EFE
Entre los detenidos, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, se encuentran tanto los máximos responsables de las cuatro clínicas registradas (TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín) como algunos empleados de estos centros, situados en el barrio de Tres Torres, en la parte alta de la capital catalana.
Las mismas fuentes han añadido que la operación, que se está desarrollando bajo secreto de sumario, continúa abierta y que, por tanto, no se descartan nuevas detenciones.
La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en "una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación".
La operación se ha llevado a cabo a raíz de la querella presentada hace poco más de un año por la organización católica e-Cristians, que fue aceptada a trámite el pasado mes de julio por el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona.
La querella se basaba en las informaciones recogidas en un reportaje de una televisión danesa que denunció que en Barcelona se practicaban abortos a mujeres embarazadas de más de treinta semanas, así como en otro trabajo periodístico similar elaborado por el tabloide británico "Daily Telegraph".
Fuentes próximas a la investigación han apuntado que el juez que instruye el sumario podría haber tenido en cuenta además el testimonio de un ex empleado de alguno de los centros de Morín, que habría aportado información relativa a presuntos abortos ilegales.
Durante más de seis horas, agentes de la Guardia Civil han registrado los cuatro centros barceloneses dirigidos por Morín, y han analizado decenas de cajas con documentación sobre los embarazos interrumpidos en estas clínicas.
En estos registros se ha detenido también a seis directivos y empleados, entre ellos Carlos Morín, que ha abandonado el centro que Ginemedex tiene en el número 61 de la calle Dalmases de Barcelona en un coche sin identificar de la policía judicial.
La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a afirmar que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados y que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan "motivos fundamentados de imputación".
A raíz de la denuncia presentada por e-Cristians, el grupo de Morín ya fue investigado hace unos meses tanto por el departamento de Salud de la Generalitat como por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), sin que se derivaran sanciones.
La conselleria ha explicado hoy que cerró el expediente informativo al comprobar que las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaban a cabo se ajustaban a la ley y que los centros disponían de autorización para ejercer.
Los informes, ha precisado Salud, sólo evidenciaron algunas "irregularidades administrativas" que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque "en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas".
El Colegio de Médicos también desestimó abrir un expediente sancionador a estas clínicas al concluir que "no se vulneró ningún código deontológico ni ningún precepto legal".
Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En este caso, la denuncia se encuentra en fase de tramitación, según ha informado esta plataforma jurídica.
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