En todas las ocasiones el patrón se repite: niños de menos de 14 años que entran en los cajeros y, bien al descuido, bien mediante golpes o cualquier otro método de coacción, se hacen con el dinero que los clientes de la oficina bancaria están sacando del dispensador automático. El botín con el que suelen hacerse en cada golpe es de 500 euros, aunque esta cantidad puede oscilar en función de la cuenta corriente de su víctima. Los niños y, sobre todo, los padres o tutores que los controlan, saben que por su edad no pueden ser imputados por ningún delito debido a que, penalmente, no son responsables de sus actos, según la Ley del Menor. Por ello, el gobierno ha acordado un «Protocolo de Actuación» que «trata de responsabilizar penalmente a los padres/tutores de los menores, ya que son éstos los que presuntamente los inducen o utilizan para cometer estas sustracciones». Con esta medida, como se recoge en la respuesta parlamentaria, se pretende también «tratar de subsanar la situación de explotación-desamparo» que sufren estos niños.
