Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía registraron el 6 de febrero de 2009 la sede de Orange Market en la calle Colón de Valencia y se llevaron de la Conselleria de Turismo el contrato de la adjudicación del estand de la Comunitat Valencia en Fitur y otras cuatro ferias de turismo. Los registros supusieron el arranque de la mayor operación contra la corrupción en la Comunitat Valenciana y fueron un misil en la línea de flotación del PPCV. Las pesquisas se centraron inicialmente en las adjudicaciones de Fitur entre 2005 y 2009, y en la financiación ilegal del PPCV. Los jueces descubrieron a lo largo de la investigación que había más contratos irregulares de la Generalitat con la trama en otras consellerias y que el saqueo alcanzó a la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. El TSJ asumió la investigación de la rama valenciana del caso Gürtel y el juez instructor, José Ceres, dividió el proceso en seis piezas para agilizar la investigación.
La primera pieza que llega a juicio „denominada Fitur„ es la número tres. Las primera y la segunda son por la financiación ilegal del PPCV, la cuarta por la sonorización de la vista del Papa „única pieza que todavía está abierta„, la quinta por el resto de contratos de la Generalitat Valenciana con las empresas de Correa y la sexta por los delitos fiscales de la trama. El TSJ acaba de enviar todas las piezas a la Audiencia Nacional para que las juzgue en Madrid salvo la de Fitur porque ya se había abierto juicio oral cuando dimitieron las dos aforadas, las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.
La vista que arranca el martes es especial porque se sentarán por primera vez en el banquillo de los acusados los supuestos cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes». Para los tres es el inicio de un largo calvario judicial que puede acabar con condenas de decenas de años de cárcel. Francisco Correa se enfrenta a 44 años solo por las cinco piezas de Valencia que están calificadas y Álvaro Pérez a 47 años. Además, Anticorrupción pide que Correa sea condenado a 110 años de cárcel en la pieza principal que se ha investigado en Madrid (centrada en la financiación del PP nacional) y que los abogados denominan «la Gürtel».
El TSJ quiere terminar el juicio de Fitur a mediados de octubre. La Fiscalía Anticorrupción reclama que la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez sea condenada a 11 años de prisión y a 34 de inhabilitación por los supuestos contratos irregulares de Fitur con Orange Market entre 2005 y 2007. El fiscal también pide que su sucesora en la Conselleria de Turismo, Angélica Such, sea sentenciada a 9 años de inhabilitación por las adjudicaciones de Fitur de los años 2008 y 2009. El juez instructor del caso Gürtel en el TSJ, José Ceres, procesó inicialmente al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla pero el fiscal consideró que no se podía mantener su imputación porque los indicios de delito contra él eran muy débiles.
La Fiscalía pide que sean condenadas trece personas en esta pieza. El fiscal también reclama 11 años de prisión para Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo. Betoret ya fue condenado a pagar una multa de 9.600 euros por la causa de los trajes.
Anticorrupción acusa a los responsables políticos que aprobaron las adjudicaciones, a los funcionarios que las tramitaron y que supuestamente facilitaron información privilegiada al grupo Correa y a los cabecillas de la red.
La Fiscalía considera clave la intervención de Milagrosa Martínez y su jefe de gabinete, Rafael Betoret, para la adjudicación de los contratos a Orange Market. El fiscal mantiene que la expresidenta de las Corts y exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez cometió un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que le reclama 7 años de prisión, un delito de cohecho por el que solicita 4 años de cárcel y un delito continuado de prevaricación administrativa por el que le pide 9 años de inhabilitación. Angélica Such solo está acusada de un delito de prevaricación administrativa.
La trama Gürtel facturó a la Generalitat más de cinco millones de euros por la instalación de los expositores de las cinco ferias nacionales de turismo entre 2005 y 2009 a pesar de que la empresa no reunía las condiciones técnicas y económicas para haber acudido a esas adjudicaciones.
Anticorrupción sostiene que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez decidieron en 2003 extender a la Comunitat Valenciana la actividad que ya mantenían en Madrid gracias a sus contactos con dirigentes del PP. Según la Fiscalía, Álvaro Pérez logró acceder en 2004 a la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez y a su jefe de gabinete, Rafael Betoret. A partir de ese momento, el grupo Correa obtuvo numerosos contratos como el de Fitur.
El escrito de acusación precisa que desde la Agencia Valenciana de Turismo se elaboró un borrador del pliego de condiciones técnicas del stand de Fitur de 2005, que presuntamente fue enviado al grupo Correa para que prepara con éxito su oferta. La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que Orange Market «no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica» sin la intervención de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret y otros altos cargos de Turismo.
