La mudanza obligada en la Generalitat como consecuencia de la debacle electoral del PPCV está generando ya situaciones inauditas, a las que antes nunca se habían enfrentado los gestores públicos. Son veinte años en los que ha habido trasiego de altos cargos, pero nunca con la intensidad y la concentración del que se avecina. Además, hay una diferencia sustancial: en la casa que uno abandona no se queda la familia. Varios altos cargos han planteado a la Dirección General de Modernización, dependiente de la Conselleria de Hacienda, la posibilidad de llevarse el dispositivo móvil o el portátil a cambio de un módico precio al entender que los aparatos están prácticamente amortizados y ya no servirán al que venga detrás. Sin embargo, esta opción no está clara. Tanto los teléfonos como los ordenadores portátiles que se asignan a un alto cargo o personal de confianza forman parte del inventario de bienes de la Generalitat y la compra como tal no está regulada. Los coches oficiales, por ejemplo, que acabaron en manos privadas se pusieron a la venta tras una subasta pública en un procedimiento reglado. Resulta evidente que una subasta pública de móviles carece de sentido. Ante la petición de los altos cargos, Modernización está estudiando qué hacer. Algunas fuentes apuntan que podría emularse a las Corts, que permite a los diputados que se marchan quedarse con los ordenadores asignados al inicio de la legislatura previo pago de cien euros.
Fuentes de la administración consultadas por este diario indicaron que los aparatos carecen ya de valor, muchos de ellos son antiguos, y probablemente no servirán a los nuevos altos cargos. Con todo, hay quien admite que se quiere llevar el aparato porque no se fían del borrado de datos.
