Al borde de la mayoría de edad, el conflicto político, social y urbanístico del Cabanyal ha expirado esta semana. La derogación de Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) propuesto por el Ayuntamiento de Valencia y la entonces alcaldesa Rita Barberá en 1987 es el último clavo en el ataúd de un proyecto polémico desde su inicio, que dividió al barrio marinero de la ciudad entre los partidarios a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar y aquellos contrarios a lo que supondría la desaparición de buena parte de la cuadrícula del Cabanyal que le valió en 1993 la declaración como Bien de Interés Cultural por parte de la Generalitat.
Aunque aún queda un largo camino por recorrer antes de que el Cabanyal recupere su esplendor perdido, tal como pretende el nuevo gobierno municipal encabezado por Joan Ribó, en el Marítim comienzan a aparecer tímidos brotes verdes en la zona afectada por la prolongación, degradada tras casi dos décadas de abandono por parte del consistorio, como denunció oposición y vecinos en varias ocasiones a lo largo de los años. El ayuntamiento ha empezado una serie de reuniones con los agentes sociales del barrio de cara a revitalizar el Cabanyal antes incluso de la derogación del Pepri.
«Se cierra una etapa y empieza otra». Así de contundente se muestra Maribel Doménech, portavoz de Salvem el Cabanyal, una entidad en torno a la cual se ha articulado todo el movimiento social para proteger el barrio y que como la misma lucha vecinal en el Marítim se ha convertido en todo un símbolo en la ciudad. «Estamos muy contentos de la derogación de un proyecto que ha traído degradación, destrucción, exilio, maltrato... Se ha tratado un conjunto histórico con irresponsabilidad», asegura Doménech. Se trata de una opinión que comparten vecinos o comerciantes e, incluso, los partidarios de la prolongación.
Amparo Moliner, de Sí Volem, la plataforma que nació en 2010 para dar voz a una «inesperada», como ella misma dice, comunidad de vecinos a favor de la prolongación, asegura que se esperaban la decisión de Ribó «pero no tan rápido». Para ella, al contrario de lo que piensan desde Salvem, no ha habido «división» en el barrio, aunque asegura que se ha «perdido el tiempo»: «La prolongación podía haberse hecho porque había mucha gente que quería».
En cualquier caso, la prolongación, finalmente, no ocurrirá. Con la derogación del Pepri el jueves se pone punto final a un plan urbanístico que comenzó en octubre de 1997, cuando el Ayuntamiento de Valencia acuerda la redacción de un Pepri del Cabanyal para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Este plan fue ratificado en mayo de 2001. En enero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana suspende cautelarmente el plan tras estimar las reivindicaciones de Salvem, que denuncia el proyecto por afectar a una zona del barrio declarada Bien de Interés Cultural.
Comienza entonces un rosario de actuaciones judiciales en las que el caso llegó hasta el Tribunal Supremo, cuando en mayo de 2005 el Alto Tribunal admite un recurso contra el fallo del TSJ que avalaba la ampliación de Blasco Ibáñez. Tres años después, el fallo fue un jarro de agua fría para Salvem al desestimar los recursos y autoriza el derribo de más de 1.600 viviendas. Será a finales de 2009 cuando llegue la orden del Ministerio de Cultura que se convirtió en el principal argumento de aquellos contrarios a la prolongación. El departamento que dirigía entonces Ángeles González-Sinde ordenó paralizar los derribos en el barrio al declarar expolio del patrimonio histórico las actuaciones del consistorio. El 7 de enero de 2010, la Generalitat aprobó un decreto-ley que autorizaba los derribos, y veintidós días después el Gobierno llevó este decreto al Tribunal Constitucional al considerar que este texto menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado. El ayuntamiento, mientras, recurrió la orden de Cultura. En marzo, se aprobó una ley que autorizaba todos los derribos en el Cabanyal al establecer que esos derribos no pueden paralizarse por decisión de otras administraciones públicas. En abril comienzan los derribos con disturbios en los que políticos de la oposición, incluida la ahora vicepresidenta Mònica Oltra, y vecinos intentan evitar el acceso a las excavadoras y la Policía carga contra ellos.
En 2011, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat anuncian que presentarán una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la que acusan de «prevaricación» por sus actuaciones contra el plan de El Cabanyal. Finalmente, en 2013, gobierno y consistorio llegan a un acuerdo para desbloquear el Pepri y ya en 2014 se presenta un nuevo proyecto, que no llegará a realizarse. Además, a escasas semanas de las elecciones, ya en 2015, el consistorio anunció que ya podían comenzar a dar licencias de obras en el barrio tras cinco años paralizadas por la orden de Cultura.
La oposición, ahora en el poder, acusó al PP de electoralismo. El teniente de alcalde del consistorio, Joan Calabuig, anunció ayer que la reactivación del barrio permitirá crear entre 4.000 y 5.000 empleos nuevos en los próximos años en el Cabanyal. Para el ayuntamiento, es el año cero del Marítim.
