Los expertos en comunicación y mercadotecnia mantienen que la política son gestos. Los ciudadanos, sobre todo los que más han sufrido los golpes de la crisis que se alarga desde 2008, prefieren que sea dinero. Dinero para invertir en esa red de seguridad que no debe dejar caer a ningún ciudadano. El Consell de Ximo Puig llegó a la Generalitat en un momento de «emergencia nacional» y con la mirada puesta en dar un giro social al timón del Gobierno valenciano y para ello se ha empleado a fondo. Desde el presidente de la Generalitat, pasando por la vicepresidenta y cada uno de los ocho consellers han querido acentuar ese vuelco y poner su mirada en los más perjudicados por la crisis. Donde no había presupuesto se ha legislado y donde sí había se ha priorizado. Hasta cuándo aguantará este ritmo antes de que las arcas queden vacías por la falta de financiación es una incógnita, pero en el Palau ya avisan que el otoño puede ser largo. Muy largo.
El pasado 30 de junio los consellers de Puig tomaron posesión y el 1 de julio ya estaban en sus despachos poniendo en marcha sus políticas. Hasta el viernes, que se celebró el último pleno del Consell, el ritmo ha sido frenético y no hay día en que no se haya anunciado una medida o no haya habido una fotografía con alguno de los «agraviados» por los anteriores Consells. Entraron por la puerta grande las víctimas del accidente del metro, los dependientes o las ONG de inmigrantes que se quedaron sin atención sanitaria tras un «decretazo» del Gobierno de Rajoy. Pero por el Palau también han pasado los empresarios Juan Roig, Federico Félix o el líder de la patronal Cierval, José Vicente González, junto a los dos grandes sindicatos. En este caso para hacer frente común por una mejora de la financiación autonómica. Para el nuevo Consell, «la madre del cordero» es el autogobierno valenciano. O llega más dinero o habrá que cerrar, auguran algunos altos cargos que custodian la caja pública.
Cuarenta y ocho horas después de la toma de posesión, el nuevo Consell inició los trámites para derogar el copago a discapacitados, frenó la demolición del viejo hospital la Fe y empezó la batalla contra la apertura de los comercios en domingo. También se vetó el desahucio en viviendas propiedad de la Generalitat y se paralizó la llegada de Ikea a Alicante, un proyecto vinculada al empresario poliimputado Enrique Ortiz. De un plumazo, un giro copernicano a la política social, económica y una apuesta por la lucha contra la corrupción.
El presidente de la Generalitat es, por su cargo, responsable de todas las políticas pero si alguna materia ha caracterizado su primer mes en el Palau es la reivindicación por un cambio en el modelo de financiación. Puig ha querido sumar a empresarios, diputaciones, grandes ayuntamientos y agentes sociales en la lucha por incrementar los ingresos provenientes del Estado, que cada año deja a los valencianos con 2.000 millones menos para pagar Sanidad, Educación y políticas sociales. Con todos se ha hecho fotos y de todos ha obtenido el compromiso de remar en la misma dirección.
La vicepresidenta Mònica Oltra, que tampoco ha dejado de reivindicar más fondos, se ha convertido en el mascarón de proa del giro social. Sin duda, el anuncio de esta semana de ponerse al día en las prestaciones de los dependientes y las primeras licitaciones de residencias para mayores han sido sus mejores noticias para informar. De hecho, en la presentación de estas medidas hizo hincapié en la alegría que suponía para el Ejecutivo haber liberado crédito de otras prioridades para cumplir con una de las promesas electorales del bipartito.
Especialmente activa se ha mostrado la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Su medida estrella ha sido legislar en favor de que 30.000 inmigrantes residentes en la Comunitat Valenciana tengan tarjeta sanitaria y puedan ser atendidos. Una medida para contrarrestar una ley del Gobierno central. Su objetivo a largo plazo: derogar todos los copagos sanitarios y reducir a la mínima expresión la privatización de los hospitales y otras externalizaciones impulsadas por el PP.
Un trabajo menos vistoso, pero no menos duro ha sido el de Vicent Soler al frente de Hacienda. Dos veces ha tenido que acudir a Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde ha reivindicado una financiación justa y una relación del objetivo de déficit. De momento, el Ejecutivo de Rajoy hace oídos sordos. Soler tiene la llave de la caja y es el que permite que se libere crédito para políticas sociales en detrimento de otras partidas. Será el que tendrá que decir que «no» cuando los fondos se acaben.
Cobro de las ayudas a la vivienda
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio también ha tenido un mes intenso. María José Salvador ha desbloqueado el calendario de pagos para las ayudas de la vivienda y ha reconocido el derecho de cobro de 40 millones a los beneficiarios, un problema de cinco años que se ha resuelto en treinta y un días. Salvador ha iniciado la redacción de ley de seguridad en las vías ferroviarias y ha destinado una partida de 11 millones para rehabilitar espacios urbanos en el Cabanyal que estaban destinados a expropiaciones para derribo. Un sustancial cambio de política.
Vicent Marzà, aunque no ha podido impulsar inversiones, sí que ha abierto varios frentes que marcan cuál será su política, sobre todo en contraposición a la Lomce. Aumentará una hora a la semana las Matemáticas así como del resto de asignaturas troncales de primero de Bachillerato. Elimina también la obligatoriedad de impartir en las líneas de valenciano en ESO y Bachillerato una asignatura no lingüística en castellano.
En Economía, la oposición a la apertura de centros comerciales en domingo y al proyecto Puerto Mediterráneo han sido las acciones estrella del departamento. Los titulares de Agricultura y Medio Ambiente, Justicia y Transparencia han sentado sus bases sin anuncios económicos.
Fricciones por el reparto de competencias y con algunos colectivos
El nuevo Consell no ha estado exento de fricciones, tanto entre sus consellers como con algunos de los colectivos agraviados por el anterior Gobierno. El reparto de competencias entre departamentos es lo que ha enfrentado a los dos miembros del bipartito y los titulares de las carteras. Titánica está siendo la lucha por dotar de contenido al Instituto Valenciano de Finanzas entre Economía y Hacienda ya que ambos quieren controlar parte del grifo financiero a empresas. Transparencia ha tenido que lidiar con Podemos para su Agencia Antifraude así como con la Conselleria de Justicia, que también es de Reformas Democráticas. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ya ha tenido que escuchar en persona las críticas y algún que otro insulto de los extrabajadores de RTVV, que exigen se reabra la televisión pública de manera inmediata. Los discapacitados también quisieron visibilidad aunque la situación se ha conducido.
