El escritor catalán Josep Pla viajó a Nueva York en 1954. El que fuera amigo personal del suecano Joan Fuster se quedó boquiabierto al observar la majestuosidad de los rascacielos, las luces de neón y los focos que iluminaban desde cientos de metros de distancia las grandes avenidas. Con su habitual sencillez pero con igual profundidad, Pla se dirigió a su guía y le preguntó: «Escolti, i tot això qui ho paga?». Esa es la pregunta que se hacen los decenas de miles de turistas que visitan la Ciudad de las Artes y las Ciencias todos los años. En Valencia está claro quien corrió con los gastos: los valencianos. Una vez pasada la borrachera del «boom» inmobiliario y superados los primeros efectos de la resaca de la crisis, todavía quedan algunas facturas por pagar de aquellos años de pompa y boato aunque ahora, la administración, no quiere correr con los gastos de la fiesta.
La privatización de la gestión del Ágora y l´Oceanogràfic „el acuario ya lo estaba aunque ahora se entregó en una pack con el edificio todavía indefinido„ ha revelado la situación real en que se encuentra la última pieza del puzle arquitectónico que el arquitecto valenciano Santiago Calatrava levantó en el cauce del río Túria. La obra tiene numerosos desperfectos y la adjudicataria, una empresa del grupo Aguas de Valencia, ha frenado su recepción hasta que se solucionen estos problemas y se redacte un plan de usos, es decir, se aclare para qué sirve. Una perogrullada indefinida en una inversión que, de momento, ha costado 96 millones de euros a la Generalitat.
El nuevo Consell tiene varias opciones para dar salida a un edificio que se puede convertir en una rémora para la administración y que, en una huida hacia adelante, el anterior Consell quiso privatizar para quitarse gastos fijos de mantenimiento. Pero, ¿quién va a pagar las reparaciones?¿Y la finalización de las obras? ¿Qué piensa hacer la Conselleria de Hacienda con unos materiales abandonados en un solar público por los que se pagaron unos ocho millones y que sirven para rematar el edificio inacabado? De momento, lo único que se sabe es que dejar el Ágora como Santiago Calatrava diseñó costaría otros diez millones de euros, aunque el arquitecto valenciano lo cifró en 22 en 2011. Eran otros tiempos. Y otros políticos.
Primero, ¿quién paga los desperfectos que han impedido a la adjudicataria recepcionar la obra y darle uso? De momento, ninguno de los implicados quiera asumir las consecuencias. El arquitecto Santiago Calatrava emitió esta semana un comunicado donde se ofrecía a colaborar aunque recordaba que la culpa de las goteras y los daños en la fachada e interior del edificio eran de las prisas del Consell de Francisco Camps por inaugurarlo (en 2009 con las obras a mitad) y la provisionalidad del edificio, ya que se paró su construcción en 2013 por falta de dinero. La falta de elementos en la cubierta es la madre de todos los problemas, insinúa.
Evidentemente, la adjudicataria de la gestión tampoco es partidaria de asumir estos costes puesto que ganó un concurso en el que se suponía que los edificios estaba en perfecto estado y listos para su uso. Han sido un informe técnico y varias auditorías las que han sacado a la luz todos los problemas de seguridad pese a que en el edificio han entrado miles de personas para varios abiertos de tenis, conciertos y hasta mítines del Partido Popular.
La Conselleria de Hacienda estudia cómo solucionar estos desperfectos y quedaría por ver si la constructora del edificio (una UTE entre Rover Alcisa y las quebradas Cyes y Lubasa), que esta semana estaba realizando tareas de reparación en la cubierta correría con los gastos como pasara en el Palau de les Arts cuando el trencadís cayó y hubo que cambiarlos todo. En este caso también tuvo que pasar por caja el arquitecto Santiago Calatrava.
Pero en este caso la obra sí que estaba acabada y por tanto la responsabilidad era del arquitecto. En el caso del Ágora y, como dejó plasmado en el «Certificado Final Parcial» que emitió para que el Consell pudiera abrir su obra al público avisó de que entregaba el edificio «conforme a las actividades a desarrollar» pero «siempre que fueren conservadas según la documentación de uso y mantenimiento». Y es donde el arquitecto podría pedir incluso responsabilidades al Consell por la actual situación de su obra. De hecho, cualquier actuación que se quiera hacer para poner en funcionamiento el Ágora deberá contar con el visto bueno del despacho de Santiago Calatrava.
Segundo. ¿Quién pagaría las obras de finalización de un edificio inacabado y por el que se han desembolsado unos 96 millones, 16.000 millones de pesetas?
El Consell ya ha dicho que con la actual situación de la Generalitat es imposible pagar los diez millones que costaría acabar el Ágora, pero muchos de los desperfectos ocasionados en el edificio son consecuencia de esa provisionalidad, según el propio arquitecto. Recientemente, y según reveló ayer este periódico, Calatrava propuso a la Generalitat que las obras de remate de la cubierta móvil y la instalación de las lamas que culminan el edificio se podrían pagar con las aportaciones a las que se comprometió la adjudicataria para ganar el concurso. De momento no ha habido respuesta. Tampoco la constructora ha dicho nada aunque ya ha recibido alguna acusación velada de que su trabajo no ha sido el más diligente.
Así, el edificio que debía rematar la Ciudad de las Artes y las Ciencias todavía sigue inacabado y con unos problemas que habrá que solucionar para que no siga siendo un pozo sin fondo y genere ingresos. Pero, ¿Quién pagará la última factura?
