La planta de gas de Castor cesó el 26 de octubre de 2013 su actividad de forma temporal tras una oleada de 550 seísmos en el norte de la provincia de Castelló, provocada, según informes del Instituto Geológico y Minero Español, por la inyección de gas en la plataforma. El Gobierno hibernó el almacén y la concesionaria Escal UGS (participada a un 66 % por el holding de Florentino Pérez) abandonó el proyecto tras cobrar una indemnización de 1.350 millones.
Transcurridos dos años, el juzgado de instrucción 4 de Vinaròs empezará esta semana a tomar declaración a tres de los 18 imputados en la macrocausa de Castor, que implica a nueve altos cargos de los ministerios de Industria y Medio Ambiente de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (tres exdirectores generales, entre otros), y responsables de la empresa. El juez investiga si se cometieron presuntas irregularidades al no detectarse el riesgo sísmico en la zona y les imputa posibles delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente.
Los primeros en comparecer serán tres de los cuatros responsables acusados del Instituto Geológico y Minero Español (IGME) que validaron el proyecto en 2007. Este lunes desfilará Jesús Gómez de las Heras (director adjunto de Recursos Minerales del IGME); el martes será el turno de José Antonio Fernández Sánchez (director de Recursos Minerales y Geoambiente); y el jueves 22 lo hará Roberto Rodríguez Fernández (director de Geología y Geofísica). Quedan pendientes las declaraciones del resto de 15 imputados del Instituto Geológico, los Ministerios de Industria y Medio Ambiente y la empresa.
El juez de Vinaròs abrió diligencias el pasado mes de enero tras admitir la denuncia de la fiscalía, que esgrime que tanto la Administración central como la empresa eludieron el riesgo sísmico durante la tramitación del almacén. En septiembre confirmó que se instruirá el caso en Vinaròs y desestimó los recursos presentados por la Abogacía del Estado y Escal UGS, que pretendían llevar la investigación a Madrid. El magistrado sostiene que la pena más grave que se investiga es la medioambiental, que recoge la vinculación de la inyección de gas de la planta con los temblores. Por ahora, sólo ha citado a tres responsables imputados al estar a la espera de nueva documentación solicitada al Gobierno. El Ministerio de Industria pidió hace un año nuevos estudios a la Universidad de Stanford y al Massachussetts Institute of Technology (MIT) sobre los terremotos del Castor.
Los cargos del IGME que declararán esta semana forman parte del primer de los tres bloques de imputados, y están acusados de un presunto delito de prevaricación ambiental. El auto del juez recoge la denuncia de la fiscalía, que señala que el informe que se encargó al IGME eludió analizar el peligro de los terremotos. Por este grupo también han de comparecer José Pedro Sorando (ex director general del IGME cesado en 2010), así como el director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Olivas, por resoluciones relacionadas con este organismo.
La segunda relación de acusados -por presunta prevaricación ambiental- engloba a los responsables de aprobar el decreto de concesión en 2008, la declaración de impacto ambiental (2009) y la autorización administrativa para la construcción del almacén (2010). El juez llamará más adelante de Medio Ambiente a José Manuel Escanilla (redactor de la declaración de impacto ambiental y consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental), Miguel Aymerich (supervisor del informe y subdirector adjunto de Evaluación Ambiental), María Jesús Rodríguez (directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente). De Industria están implicados el director general de Política Energética (que repite por segunda vez), y su sucesor, Antonio Hernández, quien otorgó la concesión administrativa a Escal UGS, . Según el ministerio público, no incluyó «ningún condicionante a la propuesta» ni requirió nuevos informes.
Por parte de la empresa, están imputados por un posible delito contra el medio ambiente, la representación legal de Escal y ocho integrantes de su consejo de administración: Recaredo del Potro, Mohamad Jafarr, José Luis Martínez Dalmau, Harold Philip Gordon, José Alfonso Nebera, Juan Cristóbal González, Ramón Jiménez y Óscar Manuel Yunta. La fiscalía esgrime que la mercantil dispuso de estudios que advirtieron que la falla próxima a Castor (de Amposta) podría provocar terremotos. Uno de los mismos afirmaba que el gas inyectado podría desplazar parte del agua que ocupa el espacio vacío dejado por la extracción del hidrocarburo. El fiscal también sostiene que hizo caso omiso a otro informe del Observatorio del Ebro.
Integrantes de la plataforma de Defensa del Sènia, que ha encabezado la oposición a Castor en los últimos ocho años, se concentrarán esta lunes en las puertas de los juzgados de Vinaròs. .
La denuncia partió de una sociedad anónima y en la acusación particular se encuentran los ecologistas de Arca Ibérica.
No se descarta la reapertura
El Gobierno no descarta la reapertura a pesar de paralizar la actividad de la planta y el rechazo de los municipios afectados, y asegura que Enagás -encargada del mantenimiento- elaborará los enésimos informes que determinarán la decisión definitiva sobre el futuro de Castor.
