La operación Chamartín que ahora toma nuevos bríos en Madrid es casi tan vieja como el Parque Central de Valencia. Se diseñó en la etapa del socialista Josep Borrell como ministro de Fomento y sus principales promotores son el BBVA y la promotora San José, que han dado un ultimátum hasta diciembre de 2016 a las tres administraciones implicadas (Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid) para que impulse el proyecto, pendiente desde hace más de dos décadas.
El pasado 22 de enero, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid junto con las empresas estatales Renfe y Adin firmaron un convenio para impulsar el proyecto. Los promotores de la operación presionan ahora al nuevo gobierno municipal de Manuela Carmena y al autonómico de Cristina Cifuentes para que den continuidad al convenio de uno de los grandes proyectos urbanísticos de la capital.
La operación Chamartín, rebautizada como Distrito Castellana Norte, trata de recuperar una zona degradada de la ciudad, eliminando la barrera que suponen las instalaciones ferroviarias entre los barrios del norte y cubrir un área de 311 hectáreas con zonas verdes „una extensión equivalente a la mitad del parque de El Retiro), equipamientos públicos, 17.600 nuevas viviendas y un área financiera con rascacielos.
Además, la operación incluye la prolongación del metro (140 millones de euros), la remodelación de los tubos del Canal (80 millones de euros) y la instalación de la losa sobre las vías (252 millones de euros, que deberán pagar los promotores). La inversión prevista, según han publicado distintos medios, se eleva a 5.974 millones y los ingresos fiscales estimados a 3.664 millones.
