La Comunitat Valenciana es la zona de la Península Ibérica más expuesta a las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales, con más de un 6% del territorio „144.817 hectáreas„en el que vive un 12% de la población afectado por estos fenómenos. Cada año, las pérdidas en España provocadas por las riadas y la lluvia torrencial suman unos 800 millones de euros y solo en la Comunitat Valenciana el quebranto económico en el periodo 1987-2002 ascendió a 3.353 millones de euros, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros. Se trata sin duda de una sangría insoportable para cualquier economía a la que raro es el año a la que no hay que añadir también víctimas humanas.
En 2003, la Generalitat aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valencia, el Patricova. Se trataba entonces de un enfoque pionero basado en la prevención que ha inspirado después planes similares y generado conocimiento que cuenta con el reconocimiento internacional.
El Patricova ha informado planes generales, planes urbanísticos y actuaciones puntuales que afectan a 262.876 hectáreas, evitado la urbanización, y con ella un incremento del riesgo, en más de 7.500 hectáreas. Se estima que en el periodo 2003-2013 el plan evitó pérdidas de 250 millones de euros. Sin embargo resulta imposible aprehender todo el beneficio obtenido de su aplicación, aunque la trágica actualidad de la muerte de cuatro ancianas en Lleida por la inundación de una residencia de la Tercera Edad subraya el papel preventivo del Patricova, que ha evitado la construcción de infraestructuras como esta en zonas de riesgo.
Revisión
Diez años después del primer Patricova ha aumentado el conocimiento y mejorado la tecnología asociada a los Sistemas de Información Geográfica, que aportan un conocimiento más exacto del territorio. Existe también un nuevo marco normativo en la evaluación y gestión del riesgo y cambios legales en la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje derivados de nuevas leyes autonómicas como la Lotup.
El nuevo Patricova ha incorporado nuevas zonas de peligrosidad derivadas de los riesgos geomorfológicos que trascienden el criterio clásico basado en la probabilidad en el tiempo de que se produzca una inundación (periodo de retorno) y la altura alcanzada por la lámina de agua (a más altura, más daño), que determinaba el riesgo„ahora denominado «peligrosidad»„ en una escala del 1 al 6, siendo el nivel 1 el más grave.
El documento aprobado por el Consell considera también y por primera vez la peligrosidad geomorfológica presente en barrancos, torrenteras, vaguadas y otros elementos del territorio en los que es posible una crecida brusca e imprevista de agua y sedimentos como las que suelen estar detrás de la mayoría de los fallecimientos vinculados a las lluvias torrenciales. La plasmación del riesgo geomorfológico en la normativa ha obligado a una ingente tarea de identificación mediante la revisión de vieja y nueva cartografía y mucho trabajo de campo, etc. El resultado final es la incorporación de 141.617 hectáreas del territorio valenciano a la tutela del Patricova que se suman a las 144.817 hectáreas afectadas hasta ahora por el riesgo de inundación.
Las obras pendientes
El Patricova de 2003 incluía un largo listado de actuaciones estructurales „obras„ y de restauración hidrológico forestal para la mejora de las cuencas donde se fraguan las inundaciones.
En la memoria del nuevo documento aprobado recientemente por el Consell se asegura que estas actuaciones estructurales tuvieron siempre «carácter orientativo», incluso «sin compromiso final» en cuanto a las soluciones para cada zona indudable identificada «ni en cuanto a inversiones». En cualquier caso, de los 863 millones, aproximadamente, en los que estaban valoradas las intervenciones estructurales, se han invertido en algo más de una década 440 millones, un 51%. Respecto a las inversiones en corrección hidrológico forestal, la memoria del nuevo Plan renuncia a hacer balance y pasa de puntillas sobre esta vertiente del Patricova en la que prácticamente está todo por hacer.
En este sentido, el nuevo reparto competencial aprobado por el Gobierno de España, que define la evaluación y gestión del riesgo de inundación, deja en manos de la Administración General del Estado la ejecución de las obras estructurales mientras la prevención, a través de la ordenación del territorio, es la responsabilidad que queda dentro de la Generalitat Valenciana.
El subdirector general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Vicent Doménech, cuya trayectoria en la Administración ha estado vinculada al Patricova desde los comienzos del plan, apuesta por la acción preventiva sobre las obras de infraestructura. Se trata, dice, de aceptar que la protección absoluta «no es posible» y de diseñar «la ocupación del territorio a favor de la naturaleza» y no al revés, lo que implica también «otorgar espacio» a los ríos aumentando el papel de la denominada «infraestructura verde» orientando las actuaciones y el desarrollo urbanístico hacia las zonas no indudables.
