Cada día, funcionarios de Aduanas y de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) revisan la documentación de decenas de contenedores que están a punto de entrar en el puerto de Valencia.Buscan pistas que les ayuden a determinar cuál de ellos puede llevar en sus entrañas algo distinto de lo que declara el documento único aduanero (DUA) que lo acompaña en su tránsito por las instalaciones portuarias. Desde el país de origen a la carga legal declarada, pasando por la empresa importadora, su actividad real, su objetivo social o sus administradores pueden ser una señal de alarma de que en realidad transporta droga en su interior.
Cuando la suma de indicios enciende la luz roja -la verde significa que puede continuar su camino y la naranja aconseja una revisión documental-, la UAR ordena la inspección del contenedor y comienza un peregrinaje que puede acabar o no en una nueva incautación de drogas, pero que siempre genera unos gastos nada despreciables. En contra de lo que se pueda suponer, hace años que la administración dejó de asumir esos costes, que ahora repercuten directamente sobre la empresa importadora, tenga o no vinculación con el narcotráfico, o, en su defecto, sobre la consignataria, es decir, la empresa naviera que ha gestionado el transporte de la mercancía.
«Es algo que asumimos como un daño colateral», explica Antonio Crespo, gerente de la Asociación Naviera Valenciana (ANV), la patronal de los armadores, «ya que el transportista no tiene forma de saber si la empresa que ha contratado el envío es legal o es una pantalla para introducir mercancía ilegal». La compañía naviera es quien asume siempre ese coste -un mínimo de 300 euros y un máximo de varios miles, en función de cuánto se complique el proceso judicial-, pero hay otros muchos casos en los que quien paga finalmente la factura es el importador legal a quien los narcos utilizan para traer su cargamento con el conocido como sistema de gancho perdido (ver página siguiente).
Caso 1: falsa alarma
La UAR revisa el contenedor, pero no hay nada ilegal dentro
Siguiendo unos criterios de selección preestablecidos, basados en análisis de riesgos a partir de experiencias previas, la UAR elige un contenedor ante la sospecha de que pueda contener un envío de cocaína. Ocurre sobre todo cuando se buscan ganchos perdidos o «rip off».
A partir de que se enciende esa luz roja, el contenedor empieza un periplo que comienza con su posicionamiento. En palabras llanas, hay que llevarlo desde su emplazamiento de la terminal de contenedores al muelle de inspecciones, así que hay que pagar al gruista que lo baja de la fila en la que ha sido colocado, al camionero que lo lleva al almacén aduanero y a los mozos que descargan su contenido -si la carga viene sobre palés será más barato, porque sólo habrá que vaciarlo con la carretilla elevadora, pero si no, deberá hacerse manualmente caja a caja, bidón a bidón o malla de chatarra a malla de chatarra-. A ello se le deberá sumar la tasa de inspección -unos 60 euros- y el gasto que genera la demora en el despacho del contenedor.
En el mejor de los casos, se tratará de una falsa alarma, así que el contenedor podrá continuar enseguida su camino, en cuando los agentes de Aduanas lo hayan pasado por el escáner y hayan comprobado que no lleva más carga que la declarada.
En resumen, que el gasto se quedará en unos 300 euros que deberá abonar el importador. «Es un coste que ya está asumido», explica Crespo. Y agrega: «Tanto los importadores como los consignatarios intentamos colaborar al máximo, porque va en beneficio de todos».
Caso 2: gancho perdido
Aduanas abre y se topa con mochilas llenas de droga
De las cerca de cien revisiones físicas de contenedores que se hacen a diario en el puerto de Valencia en busca de droga o tabaco -en esa cuenta no están computadas las inspecciones antifalsificaciones, las que persiguen delitos fiscales o irregularidades administrativas (aranceles sobre mercancías, que la carga declarada sea realmente la que reza la documentación,...) ni las que pesan sobre todas las importaciones de productos alimentarios y fitosanitarios-, un pequeño porcentaje acaban siendo positivas.
En esos casos, el coste para el importador, cuyo único delito es haber sido utilizado por los narcos para traer cocaína a sus espaldas en uno de sus contenedores, acaba recibiendo una factura que puede sumar hast miles de euros, incluyendo el retraso en la entrega de la mercancía. Cuando se abre el contenedor y se descubre un gancho perdido, hay que dar cuenta al juez y solicitar una entrega controlada. La cocaína es retirada y entregada a Sanidad, pero el contenedor se retiene en el puerto con la excusa que sea necesaria a la espera de que alguien acuda a por la mercancía ilegal, así que su salida se retrasa.
Aunque Aduanas intenta agilizar al máximo los trámites para no ocasionar demasiado perjuicio -los primeros siete días son gratis, pero a partir de ahí, se cobra por estancia y por tonelada-, hay veces que la investigación policial obliga a que los plazos se dilaten, así que nuevamente vuelve a pagar el importador. Y algunos traen decenas de contenedores por mes e, incluso, por semana.
Caso 3: empresa «mala»
La mercancía que acompaña a la droga queda abandonada
Cuando la empresa importadora es «mala», es decir, una mera pantalla cuya única finalidad es traer un cargamento de droga bajo la apariencia de una transacción comercial legal, quien acaba pagando el negocio del narco es la naviera, ya que no suele exigírsele a los traficantes, una vez procesados y condenados, que asuman los gastos generados por la acción policial que deriva en la incautación del preciado «polvo blanco».
La variedad de mercancías utilizadas es amplísima: fruta fresca, maderas, balas de PVC, maquinaria industrial, muebles, tablones de madera, sacos de café, carbón vegetal... Tras el paso no siempre delicado de los agentes antidroga de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de Aduanas, quedan montañas de mercancía desechada de la que nadie se hace cargo. Poco importa que sean artículos de artesanía, pescado congelado, bobinas de papel o legumbres a granel. Los jueces pueden demorar meses, cuando no años -los procesos judiciales por narcotráfico son, junto con los de corrupción, los más largos por las dilaciones impuestas con los recursos y contrarrecursos de las defensas-, la orden de destrucción.
Como mínimo, el proceso para poder liberar un contenedor -los dueños de las cajas suelen ser los navieros, que a veces prefieren darlos por perdidos que pelear por su recuperación, y eso que cada uno vale, como mínimo, 3.000 euros- y enviar a subasta o destrucción su contenido dura seis meses, dados los plazos administrativos, «pero no es la primera vez que eso se dilata hasta dos o tres años, sobre todo cuando son expedientes de abandono», recuerda el gerente de la ANV.
En ocasiones, la solución para recuperar el contenedor pasa por solicitar al juzgado que permita depositar la mercancía en un almacén mientras se resuelve su destino. Es un mal a medias: la consignataria puede seguir sacándole rentabilidad al contenedor, pero ha de pagar por el almacenamiento del producto. «Y si encima es refrigerado, imagínate la factura», enfatiza Crespo. Aunque lo normal es que se eche a perder y acabe pudriéndose en cualquier depósito porque nadie resuelve qué hacer con esas toneladas de comida.
