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Nuevo plan de inclusión y cohesión social

Los servicios sociales vuelven a la calle

El documento del Consell prevé un cambio del sistema para que los técnicos no solo tramiten ayudas y se evite únicamente el método asistencialista, además de la concesión de ayudas en función del político

Los servicios sociales vuelven a la calle

Usted no es pobre. Usted vive una situación de pobreza o de empobrecimiento por distintas razones y la Generalitat Valenciana va a dotar a la Administración de una herramienta para que pueda usted salir de esa situación de vulnerabilidad: el Plan de Inclusión y Cohesión Social. Ese es el objetivo que pretende lo que se considera «la línea maestra» del Consell, un plan de Inclusión que entiende la desigualdad no solo desde un criterio puramente económico, sino desde una visión multidimensional.

Es decir, vulnerable no es solo quien no puede llenar la nevera o quien, directamente, ni la tiene. Ante unos indicadores de pobreza que van en aumento, las personas con menos recursos son objetivo principal del Consell. Pero no los únicos. Vulnerable también es la persona mayor que vive en una soledad no escogida, el joven que no tiene trabajo ni vi visos de conseguirlo, el niño que sufre acoso escolar, la mujer víctima de violencia machista, los enfermos mentales, las personas sin hogar, los exreclusos, las profesionales del sexo, etnias enteras como la gitana o colectivos plurales como los discapacitados.

La Administración va a dejar de ser exclusivamente asistencialista con las personas y colectivos vulnerables de la sociedad para abordar un cambio de modelo que mira hacia los países más avanzados de Europa. Se acabó aquello de que el colectivo que más exija se lleve más recursos. Adiós a las líneas presupuestarias a los ayuntamientos en función de a qué partido político pertenezca el alcalde. Los servicios sociales volverán a la calle porque su función ya no se centrará en tramitar las ayudas de turno sino en acciones en el territorio. De esta forma se reactivarán los servicios sociales para pasar de una función pasiva y de protección a una función activa y comunitaria. Volverán los programas y las actividades. Se acabó responsabilizar al usuario de la situación que vive.

Para elaborar el plan se escuchará a expertos, colectivos, entidades y técnicos. Se incluirán unas ideas y se descartarán otras iniciales. Así, el Plan de Inclusión y Cohesión Social contará con medidas concretas una vez realizados los diagnósticos y las evaluaciones. Pero, cuando esté, será algo así como una bula papal, un documento transversal que deberán tener en cuenta todas y cada una de las consellerias. Si excepción. Realicen el plan que realicen, destinen las ayudas que destinen o hagan la acción pertinente que correspondan... el Plan de Inclusión y Cohesión Social debe estar presente.

Así lo explican el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, y la directora general, Helena Ferrando, mientras desgranan los objetivos y la metodología de trabajo para elaborar un plan que pretende ser un antes y un después en el sistema y en el marco asistencial de la Administración.

Un plan transversal

«Las acciones en ocupación son fundamentales, así como en educación y en vivienda. Sin embargo, introducimos dos variables más: una es la parte territorial y otra la relacional. Y es que, de entrada, no es la misma la situación de una persona que viva en uno de los barrios más lujosos de Valencia que quien reside en la periferia. Al igual que no es lo mismo la situación de quien vive en una gran urbe que de quien está en un pequeño municipio rural. Hay que tener un indicador de pobreza al respecto. La otra variable que añadiremos es la relacional porque hay muchas personas vulnerables, con situaciones diferentes y hay varios ítems que hay que abordar desde un mismo paradigma de inclusión», explica Ibáñez.

Helena Ferrando, por su parte, detalla la parte más técnica de la elaboración de un plan que persigue, como punto fundamental, ejercer el liderazgo. «Para que todo el mundo siga una norma debe conocerla. Por eso para nosotros la participación es clave. Vamos a escuchar a todo el mundo. Los dos objetivos fundamentales son establecer un sistema de protección sólido y un sistema de activación. La función de protección de la Administración no se puede evitar, pero se debe reducir y darle participación al ciudadano para que se movilice», añadió.

Pero, ¿de qué manera? «Lo primero que hemos hecho ha sido crear un grupo de expertos, con gente preparada y representativa. También hemos tenido ya una reunión con el tercer sector, donde están incluidos los especialistas que serán los encargados de informar sobre cómo están los colectivos „diagnóstico, objetivo e intervención„ de forma que nos expliquen qué creen ellos que se debería hacer. Luego, el documento pasará a los participantes porque muchas veces hacemos las cosas sin preguntarle a los afectados. Por último están los municipios, que son lo más importante ya que necesitamos que los trabajadores sociales estén en este proceso. Nosotros realizaremos un documento que examinarán los diferentes grupos de trabajo, pero los servicios sociales de cada municipio harán su propio diagnóstico. En definitiva, habrá tres momentos de participación: diagnóstico, estrategia y medidas (que incluirá las evaluaciones y la inversión necesaria)», argumenta Ferrando, con el gráfico sobre la organización y metodología del plan en la mano.

Del papel a la práctica

La Conselleria de Igualdad trabaja ahora en un plan que, una vez redactado y puesto en práctica, supondrá una asistencia distinta al usuario. Ibáñez y Ferrando puntualizan de forma constante que las medidas están por concretar, que no hay «nada seguro ni establecido» porque el proceso de participación está en marcha. Es más, recalcan que «lo que no funcione se cambiará». Sin embargo, explican algunos ejemplos de ideas que quieren llevar a la práctica.

De entrada aseguran que se redefinirá la renta garantizada de ciudadanía, algo que aplaude la trabajadora social, Amparo Moreno, que forma parte del grupo de expertos. «Agilizar y mejorar la renta garantizada debe ser prioritario para que la gente tenga más dinero y sea más autónoma. Hasta ahora se han ido poniendo parches, pero hay que incrementar el presupuesto», afirma.

El Consell también pretende recuperar barrios de acción preferente (con programas concretos como había hace años en zonas como La Coma o el Xenillet) y darle una vuelta completa a la atención que reciben personas con patología dual, como enfermos mentales o personas con adicciones. «Ahora hay un sistema de escalera, donde el usuario debe superar fases para que la Administración responda. Es decir, si usted no bebe le damos una vivienda. Nosotros queremos darle una vivienda, independientemente de si bebe o no ya que, junto a un grupo de tratamiento, los resultados son positivos. Se trata de nuevos sistemas de innovación social», apunta Alberto Ibáñez. Para Helena Ferrando lo que está claro es que se acabaron los servicios sociales que tramitan ayudas y «le echan la bronca» al usuario.

Para la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Lola Fernández, el nuevo plan de Inclusión es «imprescindible» porque todas las consellerias «lo deberán tener en cuenta» y porque «la pobreza va en aumento y cuanto más tiempo está una familia fuera del sistema más le cuesta volver al mismo. Hay que actuar cuanto antes». Comienza, así, la cuenta atrás.

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