En el barrio del Cabanyal han cambiado poco las cosas en los diez meses de gobierno del tripartito de Joan Ribó. La droga, la ocupación de viviendas y la degradación siguen muy presentes en este barrio marinero, de ubicación estratégica junto al mar y con una arquitectura modernista que le mereció la declaración de Bien de Interés Cultural. Recuperar la normalidad tras 16 años de abandono no se antoja fácil. Los vecinos de toda la vida del Cabanyal aseguran que la regeneración prometida, basada en distintas líneas de ayudas y subvenciones estatales y europeas, no termina de llegar. Ni siquiera se ha quitado la pintura de rayas con que se marcaban los solares que el anterior gobierno fue comprando y que para los vecinos son un estigma.
Ha habido avances. En los primeros meses se hizo un plan de choque para mejorar la limpieza del barrio. La intensidad en la recogida de basura y enseres (un tipo de residuo muy abundante en algunas zonas de este barrio donde las familias se dedican a la venta de chatarra) ha mejorado. También la presencia policial se ha reforzado. Se ha duplicado el número de agentes (entre cuatro y ocho) por turno, se han puesto más policías de barrio y una patrulla nocturna.
Sin embargo, la sensación entre los vecinos es que las cosas no mejoran, algunas, incluso han empeorado, en especial, la lacra de la ocupación de viviendas, que se ha multiplicado por tres en los últimos cinco años.
Hotel y centro social «okupa»
Más de un centenar de viviendas, la mayoría de propiedad municipal, están ocupadas, en muchos casos por los denominados colectivos antisistema, que han creado su propia estructura en el barrio, donde cuentan con una especie de «hotel ocupa» en la calle Padre Luis Navarro, en una casa de propiedad municipal donde en su día hubo un horno; un centro social «okupa»; una escuela de circo y un bar «okupa», que solo abre en horario nocturno y donde se celebran conciertos hasta altas horas de la noche para tortura de los pocos „y «desquiciados»„ vecinos que aún viven en la denominada «zona cero», donde la amenaza de los derribos erradicó la actividad comercial y los servicios.
Acompañado por uno de los mandos del retén de policía local del Marítimo Levante-EMV ha recorrido las zonas calientes del barrio, la citada «zona cero», formada por las calles afectadas por la ya extinta prolongación de Blasco Ibáñez . «El Cabanyal no es el Bronx pero siempre ha sido un barrio conflictivo», apunta el policía. «Desde luego no es la zona más demandada a la hora de elegir destino». «No recibimos más avisos que en otros barrios pero sí son más feos» y están relacionados con drogas, peleas e incluso deflagraciones... La noche es especialmente dura porque la zona del barrio comprendida entre las calles San Pedro, Progreso y Padre Luis Navarro se vuelve más peligrosa. Circula el rumor de que en estas zonas la policía ni entra cuando es de noche. Algo que los agentes niegan. «Acudimos a todos los avisos pero hay que entender que por las noches somos menos», aseguran.
El Cabanyal, junto con Natzaret y la Malva-rosa son puntos negros en la venta de droga en la ciudad. Unas ocho familias gitanas del barrio, perfectamente identificadas por la policía, la controlan. En el Cabanyal el trapicheo de hachís, heroína y marihuana se hace durante todo el día. No se esconde. Aunque la Policía Nacional del Marítimo hace muchas detenciones y trabaja de forma coordinada con la policía local, «no siempre damos abasto», inciden.
Junto con la droga, la policía y los vecinos coinciden en señalar la ocupación ilegal de viviendas como el principal problema del barrio. Ya no existe la voluntad política de derribar 1.200 casas que había. Y ese mensaje se ha extendido como la pólvora entre el movimiento «okupa» antisistema. La permisividad del gobierno local con la ocupación de sus viviendas vacías (cerca de 600) en el Cabanyal ha tenido en los últimos años un efecto llamada. La policía local tiene identificados en este barrio a «okupas» de toda España, de Europa, de Chile o Argentina.
Hubo un momento en que los «okupas» compartieron objetivos con Salvem el Cabanyal en contra de la prolongación y los derribos. Una vez paralizada la prolongación, los primeros se han desmarcado de las reivindicaciones a favor de la rehabilitación de las viviendas e intentan afianzar sus posiciones. Según la policía se empiezan a ver pintadas en contra de las inmobiliarias y constructoras que, alentadas por el cambio de política y el anuncio de ayudas y subvenciones en el barrio, han empezado a rehabilitar casas. Les acusan de ser «perros del capital».
La policía local ha detectado incluso «okupas universitarios» en las zonas más próximas al mar, como una vivienda ubicada en el número 155 de Doctor Lluch. También hay casas ocupadas por universitarios, perfectamente identificados, en Eugenia Viñes. «Ocupar es fácil», afirma la policía local. La ocupación ilegal se castiga con penas de multa o arresto domiciliario. Del problema tampoco se libra la zona más noble del barrio, esto es, la calle de la Reina, donde están ocupados ilegalmente las viviendas de los números 131, 133 y 145 „esta última recién rehabilitada„. Sin embargo, la zona con más ocupaciones es el entorno de San Pedro, donde hay bloques enteros de viviendas, como el del número 23, ocupados por completo y Barraca.
Entre la población «okupa» no solo hay antisistema, también hay familias de etnia gitana con menores, a los que todavía no se han dado soluciones de realojo.
Los agentes del retén del Marítimo llevan denunciadas un centenar de ocupaciones ilegales en el barrio, sin embargo, apenas cuatro de ellas han acabado en desalojo. La denuncia policial de ocupación llega al juzgado que cita al propietario del inmueble para ofrecerle la posibilidad de decretar el desalojo. En los últimos seis años el ayuntamiento se ha personado solo en cuatro. El ayuntamiento, salvo casos extremos, no quiere llegar al uso de la fuerza para desalojar las viviendas ocupadas y de momento está realizando una labor de mediación que, en ocasiones, ha funcionado, como en Luis Despuig, donde se desalojó pacíficamente, por desistimiento, una vivienda.
Sin financiación para realojar
La concejala de Seguridad, Sandra Gómez, admite que sin una política de realojos para las familias verdaderamente necesitadas no se podrá avanzar en la regeneración. El ayuntamiento tiene intención de rehabilitar las cerca de 600 casas que posee en el barrio, pero de momento no hay financiación para llevarlo a cabo.
Joan Ribó, anunció recientemente mano dura y desalojos de las personas que sin necesidad alguna se han dedicado a ocupar viviendas contribuyendo a la degradación, pero de momento no se han dado. Hace dos semanas hubo un intento de desalojo en el número 29 de San Pedro solicitado por la Sociedad Plan Cabanyal. Los ocupas se atrincheraron en el interior y la propiedad finalmente desistió. La policía local también logró frustrar la ocupación de una finca entera en la calle de Los Ángeles. Detuvieron «in fraganti» a nueve personas, pero no pudieron evitar que el edificio acabase destrozado.
