«Cuando estaba en las ruedas solamente veía dos cosas, la vida y la muerte». Así describe Ali (nombre ficticio) cómo hace más de 4 años viajó a España. Nada de aviones o barcos con asientos cómodos y un respaldo para reposar la columna y la cabeza. No, su medio de transporte era la rueda de un camión que se dirigía en un ferry desde Tánger hasta Algeciras. Un trayecto en el que durante casi una hora hizo equilibrios para mantenerse en el lado de la vida.
Ali tenía 15 años y pensaba que España y Europa eran el futuro. «Todo el mundo habla de Europa, de buen futuro, y pensé que quizá yo podía tener suerte», declara pausadamente. Emprendió en solitario, y en secreto, el camino desde su pueblo natal, un municipio pequeño cerca de Marrakech. «No le dije nada a mi familia hasta que llegué a Tánger. Llamé a mi casa y hablé con mi padre. Le dije que me iba a España y él se calló, no pudo decir nada».
Cuando llegó a Algeciras le detuvo la policía y entonces entendió que el futuro que imaginaba, el que había motivado su proyecto migratorio con el sueño de algún día trabajar como cocinero «mezclando entre la comida árabe y la comida española», no era como imaginaba. Comenzaba un camino por instituciones repleto de tropiezos y desencantos con la realidad. Un camino agridulce que continuó con su huida del centro de protección de Algeciras para llegar a Llíria, donde reside uno de sus hermanos. Al llegar a Valencia y comprobar que éste no podía ayudarle a alcanzar el «futuro» que deseaba, se presentó en una comisaría de la policía para entrar nuevamente en una institución y tener «una seguridad, un médico, unos papeles y poder estudiar». Seguía teniendo solamente 15 años.
Saber cuántos menores de edad extranjeros llegan o han llegado a España sin la compañía de un adulto responsable de él resulta imposible. La gran movilidad de los menores entre comunidades y países, la diversidad de criterios de las distintas comunidades autónomas o la imprecisión de las cifras que facilitan los organismos competentes, son algunos de los motivos. En el caso de la Comunitat Valenciana ha existido durante años una dificultad añadida para conocer la dimensión del fenómeno debido a que la Dirección General del Menor hasta 2010 no especificaba en sus registros si se trataba de menores extranjeros no acompañados (MENA) o de menores extranjeros que se encontraban en el sistema de protección por otras circunstancias.
Esta limitación ha sido destacada recientemente por el investigador Vicent Horcas en su tesis doctoral «Entre el control y la protección. Los dispositivos de atención de los Menores Migrantes No Acompañados en el País Valencià», defendida hace unas semanas en la Universitat de València, al argumentar que al tratarse de situaciones en las que entran en España de manera irregular, solamente se tienen datos de los jóvenes que «penetran en los circuitos de protección de las diversas Comunidades Autónomas», dejando fuera de las estadísticas a los que no acceden al sistema o a los que lo abandonan y son dados de baja por la administración. Aún así, según datos del Registro de Menores Extranjeros no Acompañados, en 2014 se acogieron 3.660 menores en todo el territorio español, y la Comunitat Valenciana ocupó el séptimo lugar a nivel nacional en número de MENA acogidos, con 119 menores, una cifra que durante el año 2015 se mantuvo similar, registrándose 116.
En la Comunitat Valenciana hay actualmente unos 76 centros de acogida entre públicos y privados sujetos a convenio, y siete centros de recepción -tres en la provincia de Alicante y dos en las de Valencia y Castelló- que en su mayoría también ejercen como centros de acogida. Los MENA se institucionalizan en los centros genéricos de protección en los que también se acoge a menores nacionales y extranjeros que por diversas razones se encuentran en el sistema oficial de protección. Ali entró en el centro de recepción de Monteolivete y asegura que para él fue lo más parecido a «estar en casa». En el centro buscó la protección que en la calle no pudo encontrar y tuvo «suerte». Los resultados de las pruebas médicas a los que se sometió para que las autoridades determinasen su edad, le «permitieron» acceder a la protección a la que tienen derecho los MENA en España. Tenía 16 años y las pruebas se desviaron «solamente» seis meses.
Pero lo cierto es que la aplicación indiscriminada de estos exámenes radiológicos que determinan las edades de los niños migrantes con un considerable margen de error (1,7 años aproximadamente) y que han sido cuestionadas por el Defensor del Pueblo, diversas ONG, y recientemente también por el representante para Europa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dejan en la calle cada año a un elevado número de menores. Y es que los errores de las pruebas óseas pueden provocar que un menor de 16 años, o menos, se haga pasar por un adulto mayor de 18, lo que implica su expulsión del sistema de protección público, quedando en situación irregular. Elisabet Marco Aroca ha trabajado durante 11 años en centros de acogida y afirma que en este tiempo ha comprobado que las pruebas «se llevan a cabo en la mayoría de ocasiones, incluso cuando la minoría de edad es evidente».
Horcas afirma que entre 2013 y 2014 se produjeron en España más de 2.000 fugas de centros de protección. Según el experto, las huidas constantes de los centros, algunas veces porque los menores se encuentran «de paso», son un indicativo de que además existe una problemática paralela en la que la administración debe incidir.
Ésta no conoce el paradero de estos jóvenes, por lo que el investigador se pregunta qué ocurriría si se fugaran todos los años esa cantidad de niños españoles en situación de desprotección. «El hecho de fugarse de un centro es un síntoma de que algo no va bien, o no están bien en el centro o hay algo que les preocupa», advierte.
