Hace 11 años a Pilar Ramírez Muñoz le arrancaron la vida brutalmente cuando daba un largo paseo a las afueras de Tavernes de la Valldigna, como hacía habitualmente. Aquel 2 de febrero de 2005 dejó a su hijo, que por entonces tenía 6 años, en la escuela sobre las 15 horas.
Las dos horas de espera hasta la salida del pequeño las aprovechaba para salir a caminar y de hecho ese día le comentó a la madre de otro alumno si le acompañaba. La otra mujer se echó para atrás porque ese día no llevaba calzado adecuado, así que Pilar se fue a solas por una zona de huerta. Aquella vez fue la última que se le vio con vida. Alguien se la robó a golpes y desde entonces su caso está archivado. Nadie ha pagado por ello tras más de una década.
Pilar, peluquera de profesión, tenía 32 años cuando fue asesinada y era natural de la localidad madrileña de Getafe. Vivía en Tavernes desde hacía 11 años con su marido, Enrique, con quien tuvo su hijo al que no pudo recoger.
El trozo de hormigón
Fueron unos estudiantes que pasaron por la zona de naranjos quienes se encontraron con la dramática escena. Pilar estaba tumbada sobre un charco de sangre con la cabeza totalmente destrozada. El asesino se había ensañado con ella, ya que le habían propinado varios golpes muy fuertes con un objeto contundente.
Tras la inspección ocular de la zona, los investigadores encontraron un trozo puntiagudo de un bloque de hormigón manchado de sangre. Al parecer lo habían intentado ocultar puesto que se encontraba entre un montón revuelto de bloques enteros que había en las inmediaciones. Cuando los jóvenes la encontraron todavía estaba con vida. Fue trasladada al hospital de Gandia, donde llegó ya muerta. Los investigadores descartaron el crimen sexual o el robo, ya que se encontraba totalmente vestida y no le sustrajeron ni el anillo ni el reloj que llevaba.
Conmoción entre los vecinos
Su marido se enteró del crimen horas después, tras llegar del trabajo. Intentó contactar con su mujer por teléfono sin éxito y posteriormente se le comunicó la trágica noticia. Este golpe a la familia se hizo sentir también entre los vecinos de Tavernes y de Benifairó de donde era natural el marido. El día de su funeral, celebrado el 4 de febrero, miles de personas acompañaron a la familia, llenando la parroquia y las calles, en una gran comitiva que siguió el coche fúnebre hasta el cementerio.
Este apoyo masivo siguió durante años, en concentraciones populares en las que se pedía que se resolviese el crimen. No fue hasta siete meses después cuando se produjo la detención de un conocido de la familia, como presunto autor del asesinato. Se trataba de un hombre casado que tenía una relación estrecha con la de la víctima, puesto que el día que la enterraron, tanto el sospechoso como su mujer se hicieron cargo del hijo Pilar. También había dado trabajo al marido de Pilar en la empresa de construcción de la que era gerente. La noticia cayó como un jarro de agua fría, e incluso en aquellos días, el marido de Pilar aseguró en una entrevista a Levante-EMV: «si tuviese que hacer una lista de veinte posibles culpables, mi amigo sería el último».
La prueba de ADN
Las pruebas que los investigadores manejaban para detenerlo fue el testimonio de un testigo que aseguraba haberle visto en la zona aquel día y algunas contradicciones en su coartada. Los agentes pensaron que el detenido había actuado por motivos sentimentales. Tras 48 horas, el hombre fue enviado a prisión. La juez pidió entonces una prueba de ADN, la cual sería finalmente el pasaporte para su exculpación y puesta en libertad. En el cadáver se había hallado muestras de ADN de otra persona, pero no era suyo.
El empresario pasó dos meses en la cárcel de Picassent de la que salió tras pagar una fianza de 60.000 euros. El abogado del único detenido denunció lagunas en la investigación de la Guardia Civil y que se habían cometido irregularidades en el sumario. Ponía en cuestión las coartadas de otras personas que habían sido investigadas, incluida la del marido de Pilar.
Un año después la juez tomó declaración a 28 personas, diligencias que se realizaron a petición de la defensa del empresario. Sin embargo, dos años después la Audiencia Provincial archivaba el caso al no hallar un culpable. Así sigue el caso, sin detenciones ni un móvil claro que pueda indicar qué llevó a que alguien matara a golpes a Pilar.
