La nueva política del Gobierno de Mariano Rajoy con los cursos de formación ha empezado a provocar dolores de cabeza a los sindicatos y El Ejecutivo ha facilitado esta semana a los agentes sociales el nuevo proyecto de la Formación Profesional para el Empleo en España, un sistema en el que se da un mayor protagonismo a las empresas privadas que, a su vez, se quita a patronal y sindicatos.
El mismo día en el que Empleo pasaba el borrador, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cuya autonomía está afectada por un presunto fraude con los cursos de 4,4 millones de euros, en el que el protagonista es un empresario, aseguraba que «el sistema de formación en España está agotado, porque detrás de él se ha construido un sistema que no es transparente ni claro». Un aviso a navegantes.
La reforma impulsada por el Gobierno central supone la apertura de los cursos de formación a la iniciativa privada, como ya habían adelantado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuya idea era que la libre concurrencia debería ser uno de los pilares del nuevo sistema. En el documento, tras asegurar que el anterior modelo ha facilitado la mejora de la empleabilidad y la cualificación de los trabajadores, precisa que la coordinación ha sido deficiente y han fallado los sistemas de seguimiento y control para evitar las malas prácticas», como las que se han puesto de manifiesto en Andalucía „sindicatos„ y en Madrid „empresarios„.
Para reforzar este control, Empleo propone en su borrador dar un papel más importante a las comunidades autónomas y reservar competencias en la planificación y el diseño de los cursillos a las empresas privadas, que hasta ahora se limitan a impartir la formación, ya que son los sindicatos y las patronales los que adoptan las decisiones. Al sector privado se les sumarán también en las tareas de planificación los autónomos, las organizaciones de economía social y las propias comunidades autónomas.
Este proyecto, cuyas líneas ya se podían intuir, ha recibido un rechazo unánime por parte de los sindicatos UGT y CC OO, y tácito por parte de la patronal CEOE. Desde la entidad liderada por Joan Rosell han insistido en que la mayor parte de los fondos para los cursos de formación salen de las empresas, por lo que consideran que son sus órganos de representación los que deberían jugar un papel preponderante en cómo gastar ese dinero.
Desde Comisiones Obreras se ha considerado que el documento debía desprenderse de «perjuicios de raíz mediática que han condicionado su elaboración y mirar a la formación para el empleo desde la óptica de las necesidades del mercado laboral». Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, aboga porque el Estado «haga un esfuerzo mucho mayor para que el colectivo de gente que fue expulsada de la construcción y no había completado sus estudios». En dicho marco, «el esfuerzo que se haga desde las empresas debería completarse con un mayor esfuerzo del conjunto de la sociedad española, desde los impuestos generales». «Eso „dice„ no lo veo en el documento».
Por su parte, el líder de UGT, Cándido Méndez, incide en que «el cauce es la negociación colectiva y el reconocimiento del papel de los sectores, que son quienes conocen a nivel sindical y patronal las necesidades del mercado laboral». Méndez subraya también que el documento apuesta por reforzar el papel de la Administración pero que luego no se hace ese reconocimiento, «lo que es otro desequilibrio muy importante».
