La Ley de Garantía de Unidad de Mercado aprobada el diciembre del año pasado entró definitivamente en vigor esta semana después de superar los tres meses de transición para su ejecución total dispuestos por el Gobierno. La norma, según el Ejecutivo, atiende a las reclamaciones generalizadas de operadores económicos, de las patronales empresariales y de los inversores tanto nacionales como extranjeros. Pero en realidad supone la adaptación en el cuerpo legislativo estatal de la denominada directiva de servicios (también llamada Bolkestein), que fija el principio de licencia única y legislación de origen en el mercado único europeo.
El texto impulsado por el Ministerio de Economía y el de Hacienda busca asegurar la libertad de bienes y servicios por todo el territorio nacional. «Cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional», aseguran fuentes del departamento de Luis de Guindos. De esta forma, los productores podrán pedir una única licencia en una autonomía y podrán comercializar sus productos en todo el país.
En la práctica, esto implica que requisitos o exigencias de corte autonómico no podrán servir para restringir la prestación de un servicio o la comercialización de un producto. «La sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo», son los argumentos del Gobierno.
En este sentido, el Ejecutivo ha impulsado un plan de racionalización normativa. Ha identificado 2.700 normas que pueden suponer «barreras» a la unidad de mercado. De ellas el 70 % son de rango autonómico. Fuentes de la Conselleria de Economía sostienen que en caso de la Comunitat Valenciana apenas tendrán que hacerse grandes modificaciones. Numerosas normativas como las del comercio o de servicios profesionales ya se han armonizado como consecuencia de la directiva Bolkestein. Sí tendrán que modificarse aspectos relativos la denominado documento de calificación artesana, que tendrá que reconvertirse en una suerte de marca de calidad más que en un requisito para comercializar productos artesanos. Del mismo modo, dentro de los grupos de trabajo organizados por el Ministerio de Economía se armonizarán los sistemas de categorización de alojamientos turísticos y restauración. Además deberán revisarse conceptos como el de turismo activo o el de empresa turística.
La ley faculta a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para recurrir por vía contencioso administrativos cualquier acto o norma que vulnere la unidad de mercado. La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática de hecho recurrido. Los operadores elevarán sus quejas a la CNMC para que presente los recursos judiciales.
Cataluña y País Vasco ya han anunciado que no aplicarán la nueva ley por considerar que invade sus competencias.
