Ninguna sociedad debería permitirse el lujo de despilfarrar propuestas e iniciativas que históricamente han demostrado que son eficaces para crear empleo y riqueza solidariamente. Sin embargo, en la valenciana parece que sí se está dispuesto a dejar perder las ventajas de las cooperativas y las diversas alternativas de la economía social.
En plena crisis, el grupo cooperativo agrario Anecoop ha batido récords en ventas de cítricos y es líder en frutas emergentes como el kaki. Integrando miles de agricultores y decenas de jóvenes técnicos valencianos, se ha convertido en un potente sistema de innovación-producción con enorme capacidad exportadora y de transformación del sector hortofrutícola. Consum ha creado más 800 empleos en el último bienio y rivaliza, generando competencia, en un mercado tan oligopolista como es el de la distribución comercial.
Los puestos de trabajo de las casi tres mil cooperativas valencianas han resistido bien el embiste de la crisis en los últimos cuatro años; entre ellas, cabe destacar las cooperativas de enseñanza, como el grupo MartÍ Sorolla o Florida, las cuales han llegado a generar empleo neto. Continuando con esta rápida visita a la realidad de la economía social valenciana, merece especial mención, por su trascendencia, la banca social, las cajas rurales en particular. Ésta no ha sido la causante de la crisis financiera ni ha sido dañada por los conocidos escándalos. Al contrario, ha mantenido el canal del crédito y ha logrado capear el temporal del rigor financiero de nuestra economía. Hasta ahora. Porque existe un serio riesgo de que la nueva normativa del Banco de España, si no se reconduce, dañe irreversiblemente al último reducto de banca autóctona valenciana.
Es paradójica la situación del tercer sector social, conocido también por las ONG y organizaciones voluntarias, con ejemplos como la Casa de Caridad o los Bancos de Alimentos. En las coyunturas de mayor emergencia y vulnerabilidad social es cuando más se necesitan, y por tanto, cuando más ha de ser apoyado por las familias, las empresas y las instituciones públicas. El panorama no ha podido ser más desolador.
Las políticas de austeridad, la menor «responsabilidad social» demostrada por las empresas y la crisis de las cajas de ahorros (y su obra social), han tenido efectos dramáticos. Más allá de las reducciones presupuestarias, a lo que hemos asistido es al desmantelamiento de parte del tejido vertebrador del tercer sector, cuya reconstrucción tardará años y esfuerzos.
Un ejemplo de derrumbe es el reciente cierre de Fundar, la fundación valenciana de la solidaridad y el voluntariado. Esta fundación cristalizó, en su momento, una productiva colaboración entre la Generalitat, la banca y la sociedad civil en pro de los valencianos más desfavorecidos y dependientes.
Colaboración y solidaridad ciudadanas
Aunque se les ignore, las demandas sociales y los problemas reales continúan ahí. Y si no obtienen respuesta de las estructuras existentes, se idean e implementan propuestas e iniciativas ciudadanas de nuevo cuño desde los movimientos sociales, como la economía colaborativa y solidaria, las monedas sociales, el «crowdfunding», los bancos de tiempo, las cooperativas de servicios públicos como Som Energia, etc. No obstante, su despliegue a gran escala necesita del apoyo público con regulación, financiación e institucionalización.
La perplejidad de los poderes públicos estatal y valenciano ante esta realidad no ha sido inocua. Desde el inicio de la crisis, hace ya más de seis años, han sido numerosas las voces y las instituciones que han exigido una apuesta decidida por estas propuestas e iniciativas socioeconómicas. En efecto, desde Premios nobel como Joseph Stiglitz a la comunidad científica ligada a Ciriec y a la unanimidad de los parlamentarios españoles cuando aprobaron en 2011 la Ley de Economía Social, pionera en Europa, han pedido pasar de las palabras a los hechos. En este tiempo, el coste social y económico de no haber desplegado efectivas políticas de fomento de la economía social y el tercer sector ha sido enorme.
¿Habrá que pedir cuentas por ello? ¿A quiénes? ¿La clase política emergente, de los nuevos y viejos partidos, vendrá con la lección aprendida y con una apuesta firme a este respecto? Confiamos en que sí.
(*) Profesor de Política Económica de la Universitat de València
