El pasado viernes, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana celebró su asamblea general ordinaria, en la que se presentó el último informe socioeconómico del sector. Los datos avalan la fortaleza de nuestras cooperativas, que crecieron en facturación, hasta superar los 2.000 millones de euros, en volumen de exportaciones „843 millones de euros„ y que mantuvieron en tiempos de crisis el número de empleos directos, que alcanzan las 22.500 personas. Sin embargo, detrás de estas cifras positivas también están algunos factores que constituyen las debilidades del sector agroalimentario valenciano: el desequilibrio de la cadena alimentaria „con una oferta muy dispersa y una demanda muy concentrada„, el minifundismo, la insuficiente inversión en promoción de nuestros productos, diferentes cuestiones normativas a todos los niveles€ Todo esto se sustancia en el principal problema de nuestros agricultores: lo que reciben por aquello que producen no es suficiente para rentabilizar la actividad, lo cual desincentiva además el necesario relevo generacional. Sumando todos estos condicionantes, llegamos a una conclusión clara: la agricultura valenciana tiene futuro, pero necesitamos un cambio de política agraria que lo garantice y lo haga digno. Para ello, es necesario trabajar con una visión definida a medio y largo plazo, no aplicándose en soluciones cortoplacistas que posponen la adopción de medidas globales y consensuadas por todos los agentes del sector.
El resultado de las recientes elecciones abre aparentemente la puerta a un cambio en el signo político de las instituciones autonómicas. A los nuevos gobernantes les pediremos lo mismo que a aquellos que gobiernan actualmente: un compromiso firme con la agricultura , que debe ser entendida como un sector estratégico; un plan consensuado para cambiar el modelo vigente, conforme a las exigencias del momento actual; medidas concretas para impulsar la I+D+i; ayudas para la promoción de nuestros productos y una defensa acérrima a todos los niveles y ante todas las instituciones, tanto nacionales como europeas. A partir de estas exigencias, y con la participación de todos los agentes implicados „fuerzas políticas, cooperativas, organizaciones agrarias, distribución€„ debe surgir un consenso global, por encima de cambios políticos presentes o futuros, que garantice la viabilidad y rentabilidad de nuestra agricultura. Se dan todos los condicionantes para poder abordar los cambios necesarios en nuestro sector, así que lo que queda es trabajar todos juntos para acordarlos e impulsarlos.
