Tras el descanso vacacional, un buen número de empresas regresan al trabajo en su batalla diaria por la subsistencia y para avanzar en la senda del crecimiento. Las empresas son los motores del progreso económico y social. En su propósito de subsistir y crecer saben que es prioritario obtener pedidos, producir con eficiencia, controlar los gastos, y, a su pesar, limitar el número de empleados. Como dijo el premio Nobel Paul Samuelson, «las empresas no son instituciones de beneficencia que contratan trabajadores para realizar actos caritativos»
El crecimiento empresarial hacia la dimensión óptima debiera buscarse bajo los dictados de sostenibilidad, sin desmesurar la potencialidad, en pos del éxito y huyendo del fracaso, que surge cuando, al dictado de las enormes ansias de poder, se pretenden alcanzar crecimientos desmedidos, porque por quererlo todo, se puede perder todo.
El fallecimiento de Ruiz Mateos, considerado por algunos como un gran empresario, como un estafador por jueces e inversores y como defraudador por Hacienda, que en 1983 le embargó y nacionalizó parte de las 400 empresas constitutivas del Grupo Rumasa, al conocer la auditoria realizada por Arthur Andersen, que lo ponía en evidencia como un fiasco descomunal, ha vuelto a la actualidad la estupidez que suponen los grandes excesos en la dimensión empresarial. Ahora que el populismo sugiere la idea de hacer «auditorias ciudadanas», conviene saber que esta especial función exige de especial formación y sería un disparate dejarla en manos de legos.
La noticia ha coincidido con la nueva condena impuesta, de 5 años y medio y multa de 1,2 millones de euros, a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, por «tener un plan urdido para ocultar su patrimonio», mediante un «sistema de vaciado», y emplear como «enterrador de empresas» a Ángel De Cabo, también a su hijo Gerardo Díaz. Es otra muestra de que la formación y el conocimiento empresarial no son garantías de éxito cuando imperan la ambición y la avaricia.
Los desmanes descubiertos por los presuntos pagos del 3% a la fundación de CDC por contratistas públicos a cambio de la concesión de obras, trae a la palestra una práctica delictiva a la que se prestan muchas empresas, extendida al resto de España, que atenta contra la libre competencia de mercado, daña la equidad en las concesiones, proporciona ilegales ventajas políticas, encarece costes y precios y envilece la democracia en una Comunidad en la que, paradojas de la vida, sus dirigentes se empeñan en dar lecciones de honradez y se ocupan en reclamar la independencia, en vez de gobernar para salir del abismo en el que la han sumergido.
No cabe duda de que los aires de grandeza y el desvarío secesionista catalán dañan la recuperación del país. Así lo ha alertado el economista jefe del BBVA Research, Jorge Sicilia, quien expresa, algo no por sabido menos concluyente, y es que en contextos de incertidumbre se generan retrasos en la toma de decisiones sobre el consumo y la inversión que dañan el crecimiento. Tan pérfido influjo, ha contribuido a que el coste del dinero que recibimos haya aumentado en casi 60 puntos respecto al de Italia, al afectar a nuestra prima de riesgo por la incertidumbre secesionista y el posible cambio político. En ello coinciden los analistas del Banco de Santander, quienes le achacan las fugas de capital en España, que en el pasado mes de junio alcanzó la cifra de 21.700 millones.
Es un sobrecoste con el que nos obsequia Artur Mas, que vive en un mundo de sinrazón, que para él razón se hace, y de tal manera su razón enloquece; como diría El Quijote. Mientras, el resto de España le proporciona la no poca ayuda financiera que necesita para sobrevivir dentro de la quiebra virtual en que ha sumergido a su Comunidad. En este sinvivir, los grandes empresarios comienzan a desperezarse y emiten su opinión contraria al proceso secesionista, porque como denuncia Félix Revuelta, presidente del Grupo Naturhouse, «el empresariado catalán calla, porque tiene miedo a perder subvenciones». Por eso, las pequeñas empresas que se mueven en un mercado más local, se adhieren como lapas a los que les sustentan.
Lejos del virus político, el Informe anual 2015, del Círculo de Empresarios, cuenta que el porcentaje de nuestras empresas que emplean a menos de 50 empleados alcanza el 99,3%, evidenciando la condición liliputiense del tejido empresarial respecto a los principales países europeos. En su plausible idea de favorecer el crecimiento de nuestras empresas, denuncia los muchos obstáculos que impiden su desarrollo o incentivan el deseo de permanecer en la categoría de pymes para disfrutar de ventajas añadidas. Para luchar contra esta lacra, nada mejor que modificar el anacrónico marco regulador en el que se establecen requisitos, límites y condiciones que encorsetan la evolución del tejido empresarial y propician el conformismo para seguir ocupando categorías que gozan de privilegios legales.
El mundo de la empresa es complejo y requiere impulsos para que sus dirigentes pugnen por su óptimo funcionamiento, crecimiento y rentabilidad. Objetivos que no deben de ser frenados por condicionantes erróneos que al amparo de favorecer a los pequeños sirvan de freno al crecimiento empresarial, a la búsqueda de la dimensión óptima.
Los limites para determinar las obligaciones contables, fiscales y laborales de las pymes, como el total de facturación, número de empleados o el nivel de su activo, están petrificados desde hace 20 años constituyendo frenos legales, porque si se alcanzan, se produce un aumento considerable de obligaciones que elevan los costes y reducen los beneficios fiscales. Así las cosas ¿qué mejor para las pequeñas y medianas empresas que seguir manteniendo su pequeño tamaño, aunque se hayan de ocultar cifras y hechos, incurriendo en ilegalidades?. La necesidad de actualizar los umbrales que determinan un mayor coste es prioritaria para mejorar el tejido empresarial español, favorecer su competitividad e impulsar su internacionalización, además de incentivar las políticas de I+ D +i. Todo un reto para favorecer el crecimiento de nuestra economía.
