Es competencia de la Administración garantizar los servicios básicos a los ciudadanos y promover, además, actuaciones que dinamicen la economía y el mercado laboral? Sin duda. ¿Debe ser competencia exclusiva suya la ejecución y gestión de estos servicios y actuaciones? En absoluto.
Reflexionen su posicionamiento pero no pierdan de vista que el 86% del último presupuesto de la Generalitat ha ido destinado a sanidad, educación y asistencia social. A nadie se les escapa que en el actual escenario económico, con duros ajustes y contención del gasto, resulta clave el mantenimiento y desarrollo de fórmulas de colaboración que den cabida al sector privado en pro de la sostenibilidad de estos servicios y el desarrollo de políticas dinamizadoras.
Los datos macro de los últimos trimestres marcan un punto de inflexión en esa caída libre de nuestra economía y permiten un relativo optimismo respecto a su evolución, pero aún queda mucho por hacer para que esa mejoría sea percibida por la gran mayoría de los ciudadanos.
Si en algo estamos de acuerdo todos, y así se ha puesto de manifiesto en las muchas reuniones mantenidas con los maximos responsables del actual Gobierno de la Generalitat, es la necesidad de colaborar para conseguir ese objetivo que debe ser de todos, con independencia de ideologías y de otro tipo de intereses partidistas y particulares. Y ahí tenemos como ejemplos el reciente acuerdo social por la mejora de nuestra financiación y la constitución de la mesa por el diálogo social que compromete a sindicatos y organizaciones empresariales a trabajar conjuntamente con el Gobierno autonómico para construir una nueva etapa de crecimiento.
¿Por qué cuestionar entonces esta colaboración en otros ámbitos? La colaboración público privada (CPP) es un modelo de gestión fundamental para dotarnos de una Administración dinámica, moderna e inteligente, orientada no tanto a hacer las cosas directamente sino a garantizar el interés general y a la consecución de resultados, desvinculándola de las tendencias políticas y los calendarios electorales. No es en si mismo un modelo bueno o malo, aunque es evidente su potencial para responder a las necesidades de inversión y prestación de servicios si se hace de forma eficiente y transparente. Por ello, porque la CPP ha de ir a más, desde la CEV defendemos que se arbitren los mecanismos que garanticen a la sociedad los principios de transparencia y ética que deben regir cualquier vinculación con la Administración, y para que así sea, proponemos la constitución de un Observatorio de la CPP en la Comunidad Valenciana.
Las administraciones no pueden ser actores únicos en el momento de enfrentarse al progreso y al desarrollo económico y social. La experiencia y el know-how del sector privado puede y debe ser utilizado por el sector público. Atrás debe quedar la controversia política y pública, es necesario compartir experiencias, estudiar los precedentes del mercado y dar con las soluciones a los principales impedimentos a una CPP capaz de hacer realidad proyectos que sin el sector privado serían simplemente inviables. Esa debe ser nuestra apuesta, por el motivo que sea: porque ayuda a reducir costes para conseguir una mayor eficiencia, porque puede implicar el acceso a más y mejores servicios, porque permite aprovechar los conocimientos y experiencia del sector privado, porque representa oportunidades de negocio o porque con la CPP los riesgos se comparten.
