La aprobación en las Corts del decreto que sienta las bases del futuro banco público valenciano y reordena las competencias del Instituto Valenciano de Finanzas ha vuelto a abrir el debate sobre la conveniencia y riesgos de contar con un sector financiero de titularidad pública. En sendos actos organizados recientemente por el Colegio de Economistas de Valencia, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, habló del nuevo modelo económico que el Consell quiere implantar en la Comunidad. Explicó que uno de los pilares de este programa es la creación un banco público de fomento empresarial, un instrumento que favorezca un cambio de cultura en la administración valenciana y que dé prioridad al crédito sobre la subvención. Se encargaría de lanzar líneas específicas de crédito en áreas de relevancia estratégica para la economía valenciana, con el compromiso de los gestores de garantizar la solvencia de la entidad y una gestión profesionalizada, homologable a la de cualquier entidad privada.
Lo cierto es que, desde el ámbito académico, profesional y empresarial, nadie duda del impacto negativo que ha tenido en la economía regional la práctica desaparición del sistema financiero valenciano tras la reestructuración del sector provocada por la crisis. En una de las encuestas que los colegios de economistas de la Comunidad Valenciana organizan semestralmente, casi dos tercios de los economistas consideraba que el panorama para las empresas era notablemente peor como consecuencia de dicha situación.
A pesar de los errores cometidos durante los tiempos de la burbuja inmobiliaria, parece claro que la banca pública puede ser un instrumento útil para dar cobertura a determinados espacios no cubiertos por las instituciones financieras privadas y contribuir, junto a ellas, a la dinamización de la economía e impulso del mercado laboral.
Sin embargo, tan importante es definir adecuadamente el papel y objetivos asignados al banco público como no perder de vista la necesaria colaboración y complementariedad con la banca privada de forma que el resultado final sea un sistema financiero más cercano a las necesidades de las empresas y con una mejor orientación a las prioridades estratégicas de la economía de la Comunidad Valenciana.
Para acometer dicha tarea puede resultar de enorme utilidad el estudio comparado del funcionamiento de esquemas de colaboración entre la banca pública y la privada en otros países de nuestro entorno. En este sentido, puede citarse la banca pública alemana que apoya las necesidades de investigación e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas del país y también financia viviendas sociales e infraestructuras públicas, como escuelas, residencias para la tercera edad.
En Francia, la Banca Pública de Inversión, creada en 2012, contempla la inversión de 8.000 millones de euros en tres años para impulsar la capacidad de innovación y exportación de las empresas francesas. Italia cuenta con el Banco Posta, la Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale, cuyo objetivo es el desarrollo de inversiones en el sur de Italia.
El propio Banco Mundial ha reconocido el papel positivo de los bancos públicos en algunos países durante los años de mayor restricción del crédito, manteniendo el flujo de crédito y compensando en parte la menor actividad de los bancos privados.
La banca pública puede ser un actor relevante del sistema financiero, pero con la experiencia de esta crisis, el reto es conseguir que dicha banca, junto al sometimiento a una regulación y supervisión estricta, se encuentre altamente profesionalizada y mantenga la máxima independencia respecto de la esfera política. Estos se configuran como los elementos clave para garantizar la máxima eficiencia y contribución de la misma al sistema financiero y económico regional.
