Según un informe publicado por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), el sector de las frutas y hortalizas acapara casi el 80 % de las sanciones impuestas por esta entidad por incumplir la Ley de la cadena alimentaria. Los mayoristas tienen el dudoso honor de encabezar el ranking de ser los más sancionados, son el eslabón de la cadena que aglutina casi el 70% de las sanciones. Desde UPA valoramos positivamente el trabajo de esta agencia aunque también le instamos a intensificar la vigilancia y a hacer público el nombre de las empresas infractoras. Este colectivo acapara más de la mitad de las sanciones, lo que debería obligarles a reflexionar y a cambiar su actitud. En la mayoría de los casos, las sanciones impuestas por AICA son por incumplir los plazos de pago a los proveedores (un 43 % de las sanciones) y por ignorar a la agencia gubernamental en sus requerimientos de información (un 39 % de los casos).
Desde UPA-PV queremos recordar que no pagar las frutas y hortalizas a tiempo es ilegal desde 2010 según la ley de morosidad, que estipula que el pago para productos frescos perecederos es de 30 días. Esta ley se incumple sistemáticamente perjudicando principalmente a los productores. Cabe hacer una reflexión al respecto, ¿si esta ley se incumple y la administración es consciente por qué no hace nada? ¿De quién es competencia hacer cumplir la ley? Por eso mostramos nuestra satisfacción por «tener un aliado que se preocupa de hacer cumplir la Ley». Pero parece ser que en algunos casos la AICA tiene las manos atadas, y es la administración autonómica la que tiene que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo la venta a pérdidas no se investiga por parte de la AICA, sino que son las autonomía las que deben perseguirla. Sin embargo, la mayoría de las regiones ignora esta práctica y no ejerce su competencia, incurriendo en una «anomalía jurídica» que perjudica gravemente a los agricultores y ganaderos.
De las 91 denuncias presentadas a AICA, 33 de ellas denunciaban ventas a pérdidas, y han sido desestimadas, lo que pone de manifiesto una gran carencia de la Ley de la cadena alimentaria al no poder sancionar esta práctica. Por tanto, desde la UPA-PV entendemos que si nuestra Comunidad tiene un compromiso real con el sector debería atender esta reivindicación que le hacemos. El Consell debe desarrollar los instrumentos que sean necesarios para perseguir las malas prácticas y los abusos como el dumping. Porque ordenar el sector también es hacer cumplir la Ley, y hacer cumplir la ley es de justicia social. Por otro lado animamos a los agricultores y ganaderos a exigir sus derechos, como cobrar a tiempo o tener un contrato que especifique claramente cantidades, fechas y precios. El sector debe denunciar más y ser conscientes de que hay que cambiar unos vicios instaurados desde hace ya demasiado tiempo.
