Tras la reunión del patronato del pasado lunes, la Generalitat, el ayuntamiento de Valencia y la Feria dieron por despejado el principal obstáculo para el nacimiento de la nueva institución, es decir, a quién computa la multimillonaria deuda por las obras de ampliación.La Intervención de la Generalitat considera que ese dinero es un aval y que la institución debe devolverlo. La solución pasa por un decreto ley que consagre que es subvención y, por tanto, a fondo perdido. Así podrá nacer una nueva Feria patrimonialmente equilibrada con un consorcio público que asume la deuda y los inmuebles y una gestora que actuará como una empresa privada.
El presidente ferial, José Vicente González, aseguró que los promotores del contrato programa de financiación de las obras, en 2002, comandados por el entonces conseller de Industria, Fernando Castelló, nunca pretendieron que la Feria devolviera el dinero que tuviera que pagar la Generalitat, a la postre prácticamente todo, es decir, unos 1.027 millones. Entendían que era una subvención, pero no lo dejaron dicho de forma expresa. Por tanto, hicieron una chapuza. Una más en el sinnúmero que se ha producido en la faraónica ampliación. También dijo que hasta ahora la Intervención no había dicho nada de avales.
Lo cierto es que la Intervención dijo que el dinero debía devolverse en el informe de octubre de 2014 en el que detectó sobrecostes del 86 % en las obras. Durante meses, el entonces conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se estuvo peleando con ese organismo público, que puso en la picota las relaciones entre el Consell de Alberto Fabra y la alcaldesa de Valencia y presidenta del patronato ferial, Rita Barberá, al elevar su informe a la fiscalía. Tan es así que, en vista de que la pugna no se resolvía, Moragues pidió en mayo de este año un informe al Consell Jurídic Consultiu, que respondió en septiembre diciendo que el dinero no había que devolverlo. Sin embargo, el dictamen no es vinculante y la Intervención no lo acepta. Al final, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha negociado la solución del decreto ley, que el Consell aprobará en breve y que debe ser luego convalidado por las Corts si el PP y Podemos no lo impiden.
¿Por qué Moragues y su equipo no dieron una salida tan simple a un problema que ha tenido demorada la reforma ferial durante meses, más lo que queda todavía por delante? ¿No quisieron asumir el coste político de condonar la deuda ferial con las elecciones a la vuelta de la esquina? ¿Cómo cerró un acuerdo con el ayuntamiento y la Feria para el rediseño de la institución si sabía, como prueba la consulta al CJC, que el nuevo modelo era inviable sin aclarar la deuda?
Dicho esto, el pasado octubre, las tres partes, ya con el PSPV y Compromís al mando, se dieron dos meses, hasta el patronato, para que un grupo de trabajo diera los últimos pespuntes al nuevo modelo. Sin embargo, tras la reunión, el alcalde Joan Ribó aseguró que hasta que no se resuelva el dilema aval/subvención no se puede avanzar en el resto del rediseño. Pero este, en líneas generales, ya está pactado y lo más sustancioso que queda por saber es qué participación tendrá el sector público en la gestora. Si es así, ¿de qué han hablado los técnicos en este tiempo? ¿Nos espera otra sorpresa?
