no se pone a hablar de Davos, sí, el municipio suizo en el que se dan cita multimillonarios y políticos para debatir sobre el futuro del mundo, y acaba divagando sobre si el oscurantismo chino es el que provoca las turbulencias en los mercados o si la vuelta de Irán al circuito económico del eje del bien acabará de «reventar» el mercado del crudo.
Pero más allá de datos y decisiones macroeconómicas, en este encuentro anual se dirime algo que afecta o afectará a todos y cada uno de los valencianos (léase también españoles): la dependencia, bien sea por vejez o por discapacidad. Los efectos de la digitalización en el empleo, la también conocida como «cuarta revolución industrial» (concepto acuñado por el director general y fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en su último libro), serán incontrolables, destruirán millones de puestos de trabajo y agudizarán las desigualdades sociales. Uno de los pocos sectores que se salvarán de esta tendencia bajista será el cuidado de los mayores, como se reconoce en algunos grupos de trabajo de Davos.
El catedrático y colaborador de Levante-EMV Gregorio Martín también aborda este proceso en su libro de reciente publicación en internet [Desempleo] y bienestar en la era digital. Una lectura desde España. La digitalización acabará con el 40 % de los puestos de trabajo del mundo, pero las nuevas tecnologías no generarán el mismo volumen de empleos para sustituirlos, como sí pasara en las tres anteriores revoluciones industriales (la máquina de vapor, el motor de explosión y el ordenador).
El profesor de Ciencias de la Computación ofrece algo de esperanza ante este oscuro panorama. Entre los sectores que gozarán de una revalorización y que pueden convertirse en motor de la economía están los cuidados sanitarios y sociales, una evidencia de la pirámide poblacional mundial que los expertos se han decidido a plasmar negro sobre blanco. Y en ese sector España es un país puntero gracias a la Ley de la Dependencia.
Pero este sistema que debe convertirse en el cuarto pilar económico de la España del futuro y que debe generar millones de empleos de calidad no puede sustentarse sólo con aportaciones públicas, como pretende el Gobierno de la Generalitat al eliminar el copago a todos los usuarios del sistema de la dependencia.
Como vio bien el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el uso de las residencias y los centros de día para mayores y dependientes debería ser sostenido con fondos públicos pero una parte importante con dinero privado, es decir, con las aportaciones de los usuarios con más capacidad económica. El demonizado copago. Cermi proponía que pagaran las personas con pensiones superiores a 1.332 euros. Se podrían incluir también los ciudadanos con patrimonios mobiliarios importantes.
Sería una buena manera de reinvertir en la sociedad, y en la creación de empleo, la hucha de la Seguridad Social. Un dinero que, en las pensiones altas, acaba en fondos y plazos fijos que no generan rentabilidad ni impacto a la sociedad. Eso es redistribución de la riqueza y una manera de frenar el devastador impacto de la digitalización y aplazar la quiebra.
