Los sucesivos casos de corrupción que llenan las portadas de los periódicos y los informativos de televisión y radio evidencian el saqueo sistemático de las arcas de la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones a través de sus empresas públicas. Emarsa, Imelsa, Ciegsa, RTVV y hasta Turismo Valencia, que aunque Alfonso Grau se ha desgañitado defendiendo su privacidad el juez instructor del caso Nóos lo considera una entidad de derecho público, le ponen nombre a los principales escándalos políticos valencianos.
Las empresas públicas se crearon para agilizar la contratación y evitar la burocracia y los estrictos controles de la administración. Estos argumentos, que debían permitir procesos de contratación más rápidos y una flexibilidad laboral mayor, acabaron pervirtiéndose y convirtiendo estas entidades en tuberías por las que el dinero para construir colegios o mantener depuradoras viajó hacia bolsillos de políticos y empresarios.
Si se repasa los diferentes escándalos se observa que las trapacerías perpetradas por estos lares han sido menos habituales en el tronco de la administración, ministerios y consellerias. Aunque tampoco quedaron exentas, como acredita el hecho de que Rafael Blasco esté en prisión. Más controles y funcionarios independientes complican la distracción de dinero público por parte de corruptores y corruptos.
Pero los saqueos de las empresas públicas no se han realizado solo con las mordidas, las comisiones y el desvío de fondos. La sobredimensión de las plantillas, los enchufados y los trabajadores «zombies», empleados en nómina que nunca aparecieron por las oficinas y que se dedicaban a trabajar para el partido, son culpables de gran parte de los agujeros provocados en estas entidades. De lo contrario no se entienden los déficits de más de 1.000 millones de euros generados por RTVV o Ciegsa o los 23 de la liquidada Emarsa.
El capítulo 1 de estas empresas fue utilizado para comprar conciencias, para equilibrar las corrientes de los partidos y para dar trabajo a antiguos cargos que perdían las elecciones. Esas miles de personas contratadas sin ton ni son y sin ningún rigor son las que ayudaron a provocar la quiebra de estas empresas. Un activo como es el personal ocioso sin poder aportar nada a la empresa pero ésta abonando nóminas todos los meses sin rechistar. A ello hay que sumarle la Seguridad Social y en algunos casos escandalosos los planes de pensiones.
Hay que señalar a corruptos y corruptores, pero en estos escándalos también ha sido muy importante la participación de muchas personas que estuvieron percibiendo salarios públicos sin merecerlo. Ahí también deberían investigar los jueces.
