El pacto entre el PSOE y Ciudadanos, que terminará el miércoles 2 de marzo cuando se enfrente a la realidad de la aritmética en el Congreso, plantea la supresión de las diputaciones para ahorrar a la administración 26.000 millones.
Desde su anuncio, casi todos los presidentes provinciales excepto el valenciano Jorge Rodríguez, han salido en defensa de esta institución del siglo XIX. También el PP, con toda su Brunete mediática haciéndole los coros. Defienden que las diputaciones, además de sus políticas de inversión, se han convertido en la única salvación de los pueblos de menos de 5.000 habitantes (el 84 % del total).
En estos momentos, en España nos permitimos el lujo de vivir con dos modelos de Estado con sus equivalentes administraciones, el centralista de las diputaciones y el autonómico de las juntas y las generalitats. La Constitución de 1978 no pudo (o no quiso) desprenderse de esta organización provincial-jacobina basada en los departamentos de Francia. De hecho, las circunscripciones electorales españolas se basan todavía en estas demarcaciones.
Pese a disponer de estas dos estructuras, los servicios supramunicipales que deben recibir los ciudadanos son los mismos. En el siglo XVIII Jean-Baptiste Lamarck formuló la primera teoría de la evolución, la previa al Origen de las especies de Charles Darwin. «La función crea el órgano y la necesidad la función», escribió el científico francés. Aplicando las tesis de Lamarck a la organización institucional podría parafrasearse: «La necesidad genera el servicio y éste la institución». La naturaleza es sabia.
¿Es necesario que las diputaciones destinen dinero a Turismo, Infraestructuras, Cooperación, Deporte o Cultura si la Generalitat ya tiene partidas para ello? ¿No sería más eficiente centralizar las inversiones en favor de vertebrar las autonomías y evitar duplicidades? ¿No podría la Generalitat dar servicios a los municipios menores de 5.000 habitantes? ¿Si el dinero sale de los mismos impuestos, para qué dividirlo en diferentes administraciones?
Con eso no quiero decir, como plantea Ciudadanos, que la eliminación de las diputaciones acabaría con todos los trabajadores públicos empleados en elllas. Evidentemente que, como las autonomías deberían prestar más servicios, sobre todo en las zonas más rurales, éstas deberían de dotarse de más funcionarios. Pero, eso sí, nunca al nivel que tienen las instituciones provinciales que dedican la mitad de su presupuesto a personal. Habría un adelgazamiento de la administración y se evitarían asesores, zombies y otros cargos injustificados que llenan estas instituciones.
La eliminación de las diputaciones podría servir para reforzar la financiación de los ayuntamientos y para la colaboración entre los mismos mancomunando servicios. De hecho, se suprimiría una institución intermediaria entre los impuestos del ciudadano y su destino final. La necesidad debe crear el órgano. Y no al revés.
