En los últimos años, Michael Porter, la autoridad más reputada a escala mundial en estrategia competitiva, ha centrado su trabajo en la responsabilidad social empresarial y en la creación de valor compartido como forma de repensar el capitalismo. Para Porter las empresas no sólo deben ser eficientes sino que han de crear valor siendo conscientes de que forman parte de una sociedad sin la cual no podrían desarrollar sus negocios.
La cooperación entre las empresas, las entidades públicas y las organizaciones no lucrativas es clave para crear mejores condiciones para un crecimiento económico inclusivo, sostenible y con generación de empleo. Según el Banco Mundial, el desarrollo económico local tiene como propósito la construcción de la capacidad económica de una comunidad para mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes.
El informe Job Creation and Local Economic Development (OCDE, 2014) ofrece orientaciones para ello, destacando el fomento a la demanda de empleo cualificado y de calidad, el desarrollo empresarial y el emprendimiento, la construcción de sistemas y estrategias económicas locales adaptables y el empleo de datos locales para las iniciativas locales. Al aumentar así la resiliencia económica local, las comunidades podrán afrontar los cambios y salir fortalecidas.
De hecho, en un mercado globalizado, se necesitan nuevas fórmulas para proteger las comunidades locales, ya que las pequeñas y medianas empresas (generadoras de empleo) y las entidades e instituciones de ámbito local carecen de peso real en las grandes decisiones que les afectan, en clara desventaja frente a las empresas multinacionales y sus redes de influencia.
Uno de los movimientos que propugnan el valor de lo local en un mundo globalizado como vía para soportar la vida de las personas que componen las distintas comunidades es «La economía del bien común» (Felber, 2010). Se presenta como una alternativa real a la economía de mercado y a la economía planificada, tratando de transformar el ánimo de lucro en beneficios para la comunidad y la competencia en cooperación.
Así, define la matriz del bien común, que determina cómo una empresa vive la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad y la democracia en relación con sus proveedores, financiadores, trabajadores y clientes, considerando su impacto local y global y los intereses de las generaciones actuales y futuras. La evaluación de esos valores debe permitir a los consumidores finales elegir responsablemente los productos, de la misma forma en la que las administraciones públicas podrán distinguir positivamente (a través de impuestos y del acceso a ayudas públicas) a las empresas con mayor contribución al bien común.
No deja de ser de una lógica aplastante apoyar las cadenas de valor locales como forma de generar también una demanda local y una mejor comunidad en la que vivir y compartir.
