La certificación de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Social no ofrece dudas: a 31 de diciembre de 2015 el número de representantes sindicales en la Comunitat Valenciana, anticipado por este periódico antes de la depuración definitiva, ha sido de 26.003. De ellos, 2463 son empleados públicos funcionarios y otros 23.540, trabajadores incluso de administraciones públicas. Si nos vamos a 31 de diciembre de 2012, cuatro años atrás, el número era muy superior totalizando 32.597; de ellos 2.491 funcionarios y 30.016 personal laboral. Las cuentas no fallan; se han perdido en un mandato (su duración es de cuatro años) nada menos que 6.594 representantes, un 20,33% del total. Comisiones Obreras y UGT no salen beneficiados: si en 2012 ostentaban un 78,02% de la representación total, en 2015 la han reducido a un 73,41% en beneficio de otras opciones. Comisiones se ha dejado 3.179 representantes y UGT (segundo en el ranking), 3.166. A lo largo de todos estos años el binomio de los sindicatos que ahora lidera Paco Molina y Gonzalo Pino ha dispuesto, a través de los acuerdos sociales (AESC, PEV, AVEF, PAVACE) de asignaciones multimillonarias para su asentamiento, desarrollo y exclusividad laboral.
No en balde, Molina, en reciente entrevista, reconocía la inclusión de 470 militantes de su sindicato «en todo tipo de consejos de participación de norte a sur». Sin embargo no hacía referencia a la contraprestación que viene recibiendo del Consell. En estos momentos 1,3 millones de euros anuales gracias a la mal llamada Ley de Participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la C. Valenciana (LPCI) de 2 de abril de 2015 y al Decreto 193/2015, de 23 de Octubre del Consell, que desarrolla la anterior forma de Reglamento, recurrido por CSIF, USO, IV y el Sindicato Independiente (SI). Es evidente que la importante caída en representación de los sindicatos hegemónicos ha tenido mucho que ver con la penuria del Consell los años anteriores y las dificultades en la llegada, cantidad y calidad de subvenciones recibidas por diversos conceptos. En 2011 eran 70 las organizaciones sindicales que habían obtenido, al menos, un representante en las elecciones; hoy son ya 95 acreditando, con ello, la proliferación de organizaciones cuyo ámbito es la empresa y poco más, el desapego progresivo a los dos sindicatos hegemónicos. En esta última certificación sorprende el ascenso espectacular de la FSIE (del sector de la enseñanza privada) que pasó en cuatro años de 730 representantes y un 2,23% a 922 y un 3,54% situándose junto a CSIF y SI entre las tres organizaciones que si prosperase el criterio de los partidos políticos de reformar el Estatut bajando el listón de representatividad al 3 %, podrían acceder a la condición de «más representativos», concepto tan querido para CC OO y UGT.
Los sindicatos, como los partidos políticos, se encuentran en una posición dominante en el rechazo social.Algunos, desde hace años venimos abogando por la derogación de la L.O.L.S. de 2 de agosto de 1985; la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional nº 98/85, de 29 de julio; la reducción al 3% del listón representativo y la desaparición (más recientemente) de las leyes limitativas de los derechos e igualdad sindicales ( la Ley 7/2015, de 2 de abril de la Generalitat y el Decreto 193/2015, de 3 de octubre, del Consell, entre otras). Mantenerlas es contar cuentos, ocultar las cuentas y hacer „los políticos y el Gobierno„de cuentacuentos. Vergonzoso.
