uando parecía que ya lo habíamos visto todo en materia de financiación autonómica, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha endurecido aún más el tono de su invectiva contra las Comunidades Autónomas, elevadas a la categoría de despilfarradoras, ineficientes y, a la postre, directamente responsables del enésimo incumplimiento del Reino de España en materia de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, y a pesar de la abrumadora superioridad mediática del Gobierno frente a los ejecutivos regionales, el mensaje político del ministro empieza a no calar en la sociedad española. En este caso, como en tantos otros, vuelve a cumplirse la famosa predicción de Abraham Lincoln: «Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo».
Porque, a decir verdad, desde el estallido de la crisis, las administraciones más comprometidas con la estabilidad presupuestaria han sido precisamente las locales y autonómicas, cuyo gasto no financiero en porcentaje sobre el PIB ha disminuido un 14,1% y un 13% respectivamente desde 2011 hasta 2015, mientras que la administración central y la Seguridad Social han reducido sus gastos un imperceptible 0,2% durante el mismo periodo. En un ejercicio obvio de trilerismo político, el Gobierno intenta esconder su incapacidad para racionalizar el gasto público, atribuyéndose a sí mismo una proporción del déficit autorizado por Bruselas muy superior a la que le correspondería de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas. Para el año 2016, por ejemplo, el Gobierno se permite un déficit del 2,5% del PIB y reserva un 0,3% para las Comunidades Autónomas, cuando en realidad, un reparto del déficit proporcional a las competencias asumidas por ambos niveles de gobierno otorgaría un 0,9% del PIB a las CCAA y un 1,9% a la Administración Central y la Seguridad Social.
Montoro ha querido convertir el debate acerca de la consolidación fiscal en una guerra fratricida entre el Gobierno central y las comunidades, obviando que estas últimas también son Estado y que, por ende, la reputación del país está ligada al destino financiero de sus gobiernos regionales. Es una cortina de humo para eludir el problema de fondo, que no es otro que la insuficiencia de ingresos para financiar nuestro estado del bienestar. Datos procedentes de Eurostat, correspondientes al periodo 2003-2014, señalan que España recaudó en promedio un 7% del PIB menos que los países de la zona Euro.
El diferencial disminuyó hasta un 4% en la etapa previa al estallido de la burbuja inmobiliaria, y aumentó hasta un 10% en los peores momentos de nuestra crisis económica. Parece muy evidente que, con semejantes diferenciales con respecto a los países de nuestro entorno, no estamos en disposición de financiar servicios públicos de calidad homologable a los del resto de Europa.
Éste es el auténtico debate al cual se enfrenta nuestro país, y ante el cual, el actual Ejecutivo ya ha tomado partido: el de las amnistías fiscales y las rebajas populistas de impuestos antes de las elecciones, que sitúan a la sociedad española al borde del abismo presupuestario. Si, ante semejante panorama, a usted le parece que la única intención del ministro es imponer a los gobiernos regionales su propio programa ideológico, y desmontar pieza a pieza nuestro Estado del Bienestar, lamento concluir que, efectivamente, las cosas son lo que parecen.
