uando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, tomaron posesión en julio de 2015 quisieron dar una imagen de serenidad. Querían tranquilizar a quienes pensaban que un cambio de gobierno iba a suponer que la tierra se abriera bajo los pies de los valencianos tras veinte años de gestión popular, veinticuatro en el Ayuntamiento de Valencia. «La transición amable», como la bautizó la lideresa de Compromís.
Diez meses después de la llegada del bipartito al Consell, tripartito en las Corts y decenas de ayuntamientos, se ha confirmado la bonhomía de los nuevos gobernantes. Ni cazas de brujas ni comisión de la verdad, más allá de los escandalazos destapados por las autoridades judiciales y policiales que marcan la agenda de dimisiones en el Partido Popular y de expulsiones en las instituciones valencianas.
Así, hoy por hoy numerosos cargos elegidos por los anteriores gestores para puestos de responsabilidad de administraciones y entidades con subvenciones millonarias continúa en sus puestos trabajando codo con codo con el nuevo poder. Algo que demuestra la pluralidad y el nulo sectarismo de PSPV y Compromís.
Este periódico ya contó que el exconseller del PP con Eduardo Zaplana y encarcelado por engañar a unas monjitas, Luis Fernando Cartagena, trabaja de asesor del presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, por 70.000 euros brutos anuales. La entidad recibe, al menos, 1,1 millones de euros públicos, entre ellos de la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent.
Ana Encabo, la esposa de Cartagena y exsecretaria autonómica de Empleo con el PP, es la secretaria general. Silvia Ordiñaga, casada con Máximo Caturla, imputado en el caso Taula, regresó a su plaza en la Cámara después de diseñar la nueva ley de cámaras desde la dirección general de Comercio con Alberto Fabra. Carmen de Miguel, quien fue directora general del Ivex y colaborara con Zaplana en el ministerio, también ha retornado a su puesto en la institución. Todo sin olvidar el generoso despido que percibió el exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte.
La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) está presidida por la concejal de Compromís Pilar Soriano. La edil ha mantenido la confianza en el gerente que fichó la popular Maria Àngels Ramon-Llin. Se trata de Eugenio Cámara, yerno del poliimputado Alfonso Grau, en otros tiempos mano derecha de Rita Barberá.
En la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat, pese al cambio de gerente continúan en sus puestos todo el staff directivo que dejó uno de los cabecillas del caso Emarsa, José Juan Morenilla. Destaca la jefa de área Jurídica de la Epsar, Patricia Stuyck Pons, prima del eurodiputado Esteban González Pons. También Mariano López Sánchez, jefe del área Técnica, y Francisco Escribano, jefe de Vertidos Industriales. López participó en adjudicaciones de urgencia por valor de 102 millones y con sobrecostes de hasta el 4.000 %. Fue el PSPV quien denunció estos desmanes. A Rafael Aznar lo sacaron con agua caliente —cuando fue procesado— de su puesto como responsable de Relaciones Internacionales del puerto. Lo dicho, una transición amable.
