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Climent, busque una solución global

El tema de la semana y, seguramente, del mes será la reversión de la libertad horaria a los comercios de Valencia y Alicante en domingos y festivos. Mucho se ha escrito de los enfrentamientos internos en la Conselleria de Economía sobre la aceptación o no de los pactos locales pero, al final, ha sido un informe de la Abogacía de la Generalitat publicado en exclusiva por Levante-EMV el que ha dinamitado los acuerdos que llevaban ya un mes aplicándose.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tuvo que salir el viernes a templar gaitas y de paso a avalar la actuación de la secretaria autonómica de Economía, María José Mira, que acató la postura jurídica de los letrados del Consell y estimó los recursos de alzada de Arena y El Corte Inglés. La administración les tenía que dar una audiencia que no tuvieron en los pactos locales.

Poco importa si el informe de la Abogacía era preceptivo o no, pero tras veinte años de vulneración de leyes y uso partidista de la administración, no está de más que decisiones tan importantes cuenten con el aval jurídico propio. Para cuando los informes sean positivos a las intenciones del Consell. Se trata de la credibilidad de los servicios jurídicos públicos y del propio Gobierno valenciano.

Vaya por delante que el pacto de Valencia, no tanto el de Alicante, ha sido un ejemplo de «nueva política». Sentar a los implicados, negociar y ceder para conseguir un acuerdo que contente a todos pero que a su vez no agrade a nadie. El problema ha estado en una ley estatal superior que obliga al ayuntamiento a crear al menos una zona de libertad horaria; y en el hecho de que el equipo de Joan Ribó había heredado cinco. Imposible que nadie recurriese.

Por eso, y parafraseando a Oltra, en estos momentos no hay que tener prisa en volver a aprobar una norma que restrinja los horarios comerciales. Con un error, que tendrá sus consecuencias en la cuenta de resultados de muchas empresas, es suficiente. Además, la Generalitat se juega su credibilidad y debe generar un ambiente de seguridad jurídica, tanto para los comerciantes como para los trabajadores. Y para los inversores que sondean mercados.

El conseller Rafa Climent ya lo dijo el viernes: en este tema tan sensible se necesita consenso y altura de miras. Habrá que dialogar y empezar a pensar en una solución global para toda la autonomía. Quizá este sea el momento.

El Consell debe garantizar que los trabajadores puedan conciliar su vida familiar con la laboral. La apertura en domingos debe servir para generar nuevos empleos que pueden ser ocupados por empleados voluntarios, estudiantes o contratos de fin de semana. Como hacen muchas empresas que dan servicio los 365 días del año.

Por su parte, Valencia o Alicante no pueden tener el centro o edificios emblemáticos que reciben a cuatro millones de turistas al año cerrados los domingos y festivos. Si se quiere desestacionalizar el turismo hay que adaptarse a lo que hacen las grandes ciudades del mundo.

Es hora de volver a sentarse a negociar. Cueste lo que cueste. En esfuerzo y en tiempo.

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