Qué valenciano autónomo, empresario o asalariado ha notado la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno el pasado año y aplicada sobre el IRPF y el impuesto de sociedades en los primeros meses del año?
El balance entre enero y abril ha sido nefasto para las arcas públicas, ya que en la Comunitat Valenciana se han dejado de recaudar 152 millones de euros con esta rebaja de los impuestos respecto al pasado año, según los datos del Ministerio de Hacienda. 25.232 millones de pesetas. El equivalente a la mitad del presupuesto del Servef o el doble del dinero dedicado para el Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace) por la Generalitat en 2016.
Este adelgazamiento de los impuestos, podrán pensar los empresarios, habrá reducido el peso fiscal sobre su cuenta de resultados y les habrá permitido disponer de más capital para inversiones o compras. Pues no, la compañías valencianas han pagado un 6,2 % más que en el mismo periodo del año pasado en el impuesto de sociedades, mientras que en el conjunto de España han abonado un 49 % menos. Una contradicción terrible.
¿Qué ha pasado? Pues que la estructura empresarial en la Comunitat Valenciana está formada mayoritariamente por Pymes y la bajada fiscal de Cristóbal Montoro, como es evidente si nos atenemos a los números de su ministerio, beneficia sólo a las grandes empresas. Radicadas la mayoría en Madrid, Catalunya y el País Vasco.
Es verdad que la recaudación la realiza el Estado, sólo hay una parte transferida del IRPF a la Comunitat Valenciana, pero permitirse el lujo de prescindir de 152 millones para políticas públicas sociales o de estímulo de la economía es, cuanto menos, temerario. Máxime cuando tampoco beneficia a la actividad productiva, como evidencia la carga sobre las Pymes.
Desde otra perspectiva. Entre enero y abril, la C. Valenciana generó un déficit de 241 millones, el 0,24 % del Producto Interior Bruto (PIB), cuando el objetivo exigido por el Gobierno es del 0,3 % para todo el año. Si los 152 millones desechados por Montoro se hubieran transferido a las cuentas públicas valencianas, el déficit de la autonomía estaría por debajo del 0,1 %. Es decir, con serias posibilidades de cumplir las exigencias del Ministerio de Hacienda. Desaparecerían entonces las amenazas del Gobierno central sobre una comunidad que lleva años con un desfase brutal entre gastos e ingresos fruto, entre otros factores y sin mentar la corrupción, del anémico sistema de financiación.
Los impuestos se deberían bajar para generar actividad económica porque, teóricamente, ese movimiento incrementaría la entrada de capital en las arcas públicas por otras vías. En el caso que nos ocupa, para lo único que ha servido es para reducir la capacidad pública y menguar la competitividad de las Pymes valencianas respecto a las grandes empresas españolas.
