Tras el anunciado fracaso al cuadrado de Mariano Rajoy en su investidura todo apunta a que habrá unas terceras elecciones. Será difícil que en los dos próximos meses cuaje algún acuerdo, ya sea por la derecha o por la izquierda, a no ser que un crac haga saltar por los aires la economía española. Y eso no pasará seguro en 2016, pues el PIB sigue creciendo de forma vigorosa, los vientos de cola económicos soplan fuertes (bajo precio del petróleo, tipos por los suelos y un turismo disparado) y la UE ha vuelto a ampliar el plazo para cumplir el déficit. Tras ocho años seguidos saltándose el pacto de estabilidad en Bruselas ya se lo toman casi a broma.
Así que es momento de hacer balance de la política fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante los cuatro años de Gobierno más el de propina que le han dado los partidos tras ser incapaces de llegar a un acuerdo. A este paso dejará el sistema tributario hecho unos zorros.
Montoro empezó su andadura en el Ejecutivo con una amnistía fiscal generalizada mediante la que ofrecía a españoles evasores (delincuentes según el código penal) repatriar su capital no declarado en el extranjero a cambio de una tajada del 10 %. En realidad, de los 40.000 millones que se afloraron sólo se ingresaron 1.200, la mitad de lo previsto y un 3% del total. El resto ya lo conocemos. Piratas, bucaneros y hasta capos de la Gürtel se acogieron a esta prebenda.
Al mismo tiempo, y como si fueran evasores (delincuentes en el Código Penal), Montoro se empleó a fondo con los emigrantes españoles de los años 60, 70 y 80 que cobran una pensión de Suiza por sus trabajos como obreros, leñadores o sirvientes. Les reclamó más de un 20 % de lo percibido en los seis años anteriores, para después fijar un porcentaje equivalente anual de pago. Unos 1.700 euros al año por una pensión media de 6.000 euros al año. Sólo eximió a los que reciben menos de 2.500 euros.
Pese a los ocho años de incumplimiento de déficit, a Montoro no le tembló el pulso para ejecutar una bajada de impuestos meses antes de elecciones. Los ingresos por IRPF y Sociedades han caído más de un 10 % en lo que llevamos de año. Pese a que hay más cotizantes y que la economía sigue creciendo. El agujero generado provocará que 2016 sea el noveno año que España no cumple con Bruselas. Y eso que manda el centro-derecha.
Por no hablar de las bonificaciones y deducciones fiscales de todo tipo que se continúan aplicando y que al año menguan las arcas en cerca de 50.000 millones. Menos para políticas sociales que realizan las autonomías y menos para cuadrar las cuentas. Eso sí, no le tembló el pulso a su Gobierno para eliminar la primas a las renovables y cambiar las reglas del juego.
El mayor ataque a la seguridad jurídica que un Gobierno ha perpetrado desde el 1976. Esas actuaciones sí que espantan a los inversores. Y España todavía lo está pagando.
