La decisión de la comisaria de la UE, Margrethe Vestager, de exigir a Apple el pago de 13.000 millones de euros a Irlanda por impuestos no pagados devuelve a la actualidad la elusión fiscal de las empresas multinacionales. Unas sociedades que han sabido aprovechar como nadie la estructura económica de un mundo global que, sin embargo, los gobiernos de los países siguen sin querer aceptar. La actuación Apple no es una excepción, aunque la firma con sede central en Palo Alto destaque. Como apunta The New York Times, no todos pueden tributar sólo 50 dólares por cada millón de beneficios.
Apple ya fue investigada en 2013 por el Senado de Estados Unidos a través del The Permanent Subcommittee On Investigations. Sus conclusiones estimaban en 79.000 millones de dólares los impuestos eludidos entre 2009 y 2012, e incluían otras igual de llamativas como los 30.000 millones de beneficios de la filial irlandesa que no habían tributado en ningún país o el caso de otra filial que lo hizo con un tipo del 0.05% sobre los 22.000 de beneficios de 2011.
El acuerdo del gobierno de Irlanda ahora denunciado es sólo la punta del iceberg de una práctica frecuente en la Unión Europea: los trajes fiscales a medida para las grandes multinacionales. Ya lo demostraron los Luxemburg Leaks a finales de 2014 constatando la existencia de 350 acuerdos secretos en Luxemburgo. Un país miembro de la Unión Europea en donde el hoy presidente de la UE, Jean Claude Juncker, ha ocupado sin interrupción cargos muy relevantes desde 1989. El objetivo de todos los pactos era el mismo: reducir el pago de impuestos a grandes grupos empresariales de todo el mundo, entre ellos la propia Apple, Walt Disney, Skype, Amazon o Pepsi. No es seguro que Luxemburgo haya estado sólo en esta práctica.
Por otro lado, estos acuerdos, secretos o no, no son el único mecanismo utilizado para eludir impuestos. El uso habitual en estas empresas de los precios de transferencia o los contratos entre filiales les permite aflorar los beneficios en donde consiguen mejor trato fiscal. Una filial puede hacerlos desaparecer, o transformarlos en pérdidas, articulando acuerdos de diverso tipo con otra localizada en un paraíso fiscal. Es uno de los resultados no esperados de los tratados para evitar la doble imposición. Esta es la sospecha de la actuación de Google en España, causa del registro de su sede por la AEAT el pasado julio. No es más que un ejemplo de los muchos conocidos. El Congressional Research Service calculó que en 2010 los beneficios no repatriados de las empresas estadounidenses aflorados en Luxemburgo representaban el 127% de su PIB. En Irlanda el 42%. Por el contrario, en Alemania y Reino Unido, donde su inversión, empleo y ventas son muy superiores, eran el 0,4% y el 2,1% respectivamente. No tenemos una información similar para las multinacionales europeas. Hasta el momento al menos, han tenido un control mucho más laxo.
Un millón frente a 50.000
Con la habilidad que la caracteriza, Apple ha emitido un comunicado destacando el impacto de la decisión de la comisaria sobre el empleo, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos europeos. Es la tradición de un mundo en donde lo que era bueno para las grandes empresas era bueno para la economía del país. Hoy Apple, como muchas otras, produce dentro de una cadena de valor global y segmenta la elaboración de sus productos en una multiplicidad de países. De hecho, gran parte de ellos están ensamblados en China empleando, según el prestigioso programa «Sixty Minutes» de la CBS, a más de un millón de personas. Por el contrario, el empleo directo en «su» país, Estados Unidos, no llega a los 50.000 trabajadores. Si tampoco paga impuestos no es seguro que la contribución a «su» economía nacional, ni a ninguna otra, sea la que se infiere de un pasado que ya no existe.
Tras muchos años de inacción, la decisión de la UE insinúa el fin de la pasividad hacia estas prácticas que deterioran gravemente las cuentas públicas, corroen la competencia y ponen en riesgo uno de los privilegios con el que contamos los ciudadanos de la Unión: el Estado del Bienestar. La duda es si los gobiernos nacionales permitirán el avance de instituciones de gobernanza supranacionales para hacerles frente y si la actuación va a alcanzar a todas las empresas multinacionales. Con su decisión de apelar, el gobierno de Irlanda demuestra que no. Es dudoso que sea el único. A su vez, la insistencia en los comportamientos de las empresas de internet como si no fueran generalizables a las grandes empresas suscita la duda de si estamos ante un cambio real o es una adaptación cosmética para recuperar la deteriorada credibilidad en la Unión Europea.
