Esta semana se presentó en la Conselleria de Hacienda un informe del Consejo General de Economistas de España en el que se analizan la estructura y el funcionamiento del sistema de financiación autonómica de régimen común. Un documento, elaborado por una comisión de la que formé parte, que constata que el sistema es poco transparente, complejo, genera tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal, lo que se deriva en un reparto de recursos que genera situaciones injustas.
El estudio confirma lo que los economistas valencianos venimos denunciando desde hace muchos años: que nuestra Comunitat es la peor financiada de España, sólo por delante de Canarias, que posee un régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas.
El sistema de financiación autonómica ha de ser revisado principalmente por dos motivos: primero, porque la financiación de los servicios transferidos a estos entes, en general, parece insuficiente; y segundo, por la excesiva desigualdad en la financiación per cápita entre comunidades autónomas, no sólo como consecuencia del sistema foral, sino también por la que se produce entre las comunidades de régimen común.
Además de identificar los problemas que arrastra el actual sistema, el informe plantea varias propuestas de reforma. Entre ellas, definir el nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo. El CGE propone que se cuantifique, según el grado de riqueza e índice de desarrollo „y a igualdad de esfuerzo fiscal„, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada autonomía, además de una revisión del concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, lo cual sería la base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad.
El informe plantea una revisión de la cesta de tributos cedidos y la realización de las reformas normativas necesarias para mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las comunidades amplias capacidades normativas.
Para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal, el informe sugiere rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada comunidad aporta al Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales. Incluso, plantea la eliminación del resto de fondos, aportando los recursos del Estado que los nutren a un único fondo de reparto, consiguiendo así una mayor transparencia. La reforma del sistema de financiación autonómica no se puede demorar por más tiempo; debe incluirse en la lista de prioridades del próximo gobierno de la nación: no hay que olvidar que las comunidades autónomas son las responsables de la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar.
Al margen de las conclusiones y consecuencias que tenga este trabajo, es de celebrar que los economistas contribuyan a la reflexión y al debate que toda sociedad democrática debe llevar a cabo ante un problema que precisa ser resuelto, aun conscientes de que no existe una solución definitiva y atemporal. Las sucesivas adaptaciones y correcciones serán necesarias e inevitables, lo que requerirá un marco institucional apropiado.
