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El envejecimiento, un desafío a las pensiones

España tiene actualmente ocho millones de pensionistas fernando bustamante

En las últimas semanas ha vuelto a resurgir con fuerza el tema de las jubilaciones tras el nuevo tajo al Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones de la que el Gobierno acaba de sacar 9.500 millones más para poder pagar la extra de Navidad a los pensionistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, cambió, en 2013, el modo de cálculo para desvincular del IPC la revalorización de las pensiones garantizando siempre una subida mínima del 0,25 %. El dinero del fondo se termina y la comisión del Pacto de Toledo debe ahora estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y universales para que los ocho millones de jubilados españoles (entre los que hay casi un millón de valencianos) puedan estar tranquilos, al menos durante esta década.

Según el grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universitat de València, se ha llegado a ésta situación preocupante que ha vuelto a encender las alarmas «por la importante bajada del número de afiliados y, sobre todo, del volumen de las cotizaciones, como consecuencia de la crisis, así como el crecimiento de los gastos con un proceso acumulativo constante». En vísperas de que se reúna el Pacto de Toledo, y de que se aprueben las propuestas para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones no contributivas (viudedad, orfandad y favor familiar) aumenta también la inquietud de la población más joven.

La reciente recesión económica ha acelerado las dificultades financieras del sistema a pesar de las duras reformas de 2011 y 2013 y ha forzado nuevos cambios para encarar el desafío del envejecimiento. Además, trasladar la parte no contributiva de las prestaciones de viudedad y orfandad -tal como está el debate público- supone un cambio considerable en los indicadores de sostenibilidad financiera, puesto que implica trasladar unos 20.200 millones de euros anuales al sistema no contributivo, lo que significa financiarlo con impuestos.

Los agentes sociales ya han comenzado a lanzar sus propuestas. El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, considera que es necesario, tal como reconoce un estudio realizado por la central ugetista, revalorizar las pensiones un 1,3%, en 2017 (conforme a la previsión de crecimiento de los precios) para evitar que los pensionistas, en una etapa además de crecimiento económico, pierdan poder adquisitivo. En este sentido, defiende la aprobación de la proposición de Ley, registrada por la mayoría parlamentaria en el Congreso el pasado 13 de octubre, a instancia de los sindicatos. Ismael Sáez resalta las principales propuestas del sindicato en materia de pensiones y considera que, en la comisión del Pacto de Toledo, se deben «diseñar políticas para fortalecer el sistema y no para recortarlo». También aboga porque la Seguridad Social se financie, además de con cotizaciones, con impuestos, porque el problema «de no es de gastos, sino de ingresos».

En este sentido, UGT defiende tres ejes básicos para consolidar el sistema. El primero, asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Para ello es necesario recuperar la previsión de inflación como referente para aplicar las subidas, incluyendo una cláusula de revisión a final de año. En segundo lugar, reclama una revisión inmediata de las fuentes de financiación. Dice que es necesario que el sistema , sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además alimentar el Fondo de Reserva.

Y en tercer lugar, la central sindical propone erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación de las empresas y financiando los gastos del INSS desde los Presupuestos del Estado (como el resto de los ministerios y organismos públicos).

El secretario general de CC OO-PV, Paco Molina, destaca la necesidad de actuar de forma inmediata equilibrando la situación financiera por dos vías. La primera, incorporando ingresos adicionales desde el Presupuesto del Estado. «El gasto en pensiones en relación con el PIB debe incrementarse desde los niveles actuales, entre un 3 y un 4%, para ir situándonos hacia mitad de siglo en niveles comparables a los que hoy ya financian otros países europeos», señala.

Ingresos por cotizaciones

La segunda vía es la mejora de los ingresos por cotizaciones. El fuerte proceso de devaluación salarial alentado por la reforma laboral de 2012, que erosiona las bases de cotización, junto con el aumento del empleo a tiempo parcial y la reducción de cotizaciones que la ministra sustrajo para su política de fomento del empleo, ha supuesto que el déficit de la Seguridad Social supere este año el 1,6%. Molina puntuliza que contamos con márgenes suficientes de mejora de ingresos que hacen que nuestro sistema sea sostenible, especialmente si los cambios son consensuados y se hacen bajo el marco del Pacto de Toledo. La reforma aprobada en 2013 al margen de acuerdo alguno, ha actuado disminuyendo las cuantías de las pensiones. «Es, por tanto, necesario reforzar el Pacto para evitar nuevas rupturas», matiza.

Según Molina, la principal fuente de financiación del sistema de pensiones pasa por crear más empleo de calidad. Para ello debe mejorar la productividad,buscando a un modelo de crecimiento basado en la innovación, sin dejar de impulsar, desde el presupuesto público actividades intensivas en mano de obra (atención a personas mayores y dependientes, infancia, mantenimiento de infraestructuras, rehabilitación de viviendas y edificios,€), que permitan recuperar calidad y empleo perdido por los servicios públicos, generando oportunidades de empleo, al tiempo que se atienden necesidades de la sociedad.

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