José Vicente González afronta el 20 de diciembre una jornada clave para reformar la patronal autonómica Cierval que preside. La asamblea debe aprobar el cambio de estatutos. También está pendiente de que la Generalitat aplace las deudas por formación de la castellonense CEC, que reclama a Cierval y que, de no hacerlo, abocaría a la autonómica al concurso.
Tras el acuerdo para reformar los estatutos, ¿qué peligros acechan a Cierval? ¿Conseguirá eludir el concurso de acreedores?
Creo que conseguiremos no entrar en concurso, aunque dependemos de cosas sobre las que no podemos actuar. Es muy importante que el 20 de diciembre se aprueben los estatutos, para lo cual hace falta la presencia del 75 % de los miembros de la asamblea. Tenemos el compromiso firme de los dirigentes de las tres provincias de que van a votar positivamente y van a ser proactivos para que esté aquí el 75 % de los vocales para que voten a favor.
Luego está la deuda con la Generalitat, que han pedido aplazar.
Está la deuda conocida, que la tenemos evaluada y podemos salir adelante. En Alicante, la quita ha sido del 95 % de la deuda que tenían con nosotros y con Castelló deberemos hacer algo similar. Eso le meterá pérdidas a Cierval, pero es un riesgo controlado. Un problema que no entendemos es sobre los convenios [de formación] con la administración que ha firmado Cierval en nombre de las provinciales pero que Cierval no ha intervenido en su ejecución. Solo firmaba lo que hacían los demás y está especificado qué iban a hacer. No parece razonable que nos pidan a nosotros que paguemos, es decir que nos pidan la responsabilidad de algo que, a criterio de la Generalitat o, en otros casos, de los jueces, está mal ejecutado. Lo lógico es que respondieran los que lo han hecho. La Generalitat debería reclamárselo a quien lo ha ejecutado. No entendemos por qué debemos ser responsables subsidiarios. En eso estamos, en que sea así.
¿Están negociándolo?
Estamos diciendo a la Generalitat que no es razonable que lo pida a Cierval. Además, hay algunas cosas a las que hay que hacer frente y necesitamos agrupar esa deuda con la Generalitat y conseguir un plazo razonable para hacer frente a ello. No lo tenemos todavía. Esperamos que se consiga. Estamos peleando.
¿Por qué los empresarios alicantinos y castellonenses, como sí hicieron en la CEV cuando usted la presidía, no han hecho derramas para salvar a sus patronales sin tener que caer en el concurso? ¿No cree que es una muestra de falta de compromiso?
La derrama no fue suficiente y tuvimos que pedir ayuda a los bancos y colaboración a la Generalitat, pero la mejor prueba de que el plan de viabilidad era factible fue mediante el compromiso de todos los empresarios de la provincia de Valencia, que se rascaron el bolsillo. Nos dio una gran fuerza a la hora de negociar. Me hubiera gustado que en Alicante y Castelló hicieran algo parecido.
¿Qué consecuencias tendrá para Feria Valencia la anulación del ERE de 2011 sobre 106 empleados?
Estoy muy satisfecho con la evolución del negocio, porque este año volvemos a tener beneficio operativo, y por el proceso de reestructuración. Está avanzado el decreto que tiene que servir para que la Generalitat asuma la deuda por la ampliación. Dejará la explotación comercial de la Feria limpia de polvo y paja para abordar la siguiente fase de crear una sociedad con el 40 % de la Generalitat y el 60 % que deben ser empresas privadas.
¿Ha mantenido contactos con los posibles inversores?
No podemos ni quiero entrar en negociaciones, porque ese proceso tendrá que ser transparente. Hay que hacer las cosas bien y no quiero que al final de esta película, que yo me iré, nadie pueda pensar que ha habido cosas raras.
¿Dejará la presidencia de la Feria?
Lo lógico es que si hay un socio mayoritario él nombre al presidente.
¿Y el ERE?
Otra zancadilla. La sentencia no dice nada sobre el expediente de Feria Valencia. Lo que dice es que la tramitación dentro de la administración pública no se ha llevado de acuerdo con sus propios procedimientos. Quien está diciendo la sentencia que lo ha hecho mal no es la Feria, sino la Administración, que no ha seguido los trámites convenientes. Lo lógico es que el que se equivoca paga, no los que no se han equivocado. Nos tendremos que poner de acuerdo, de una forma u otra.
¿Qué pálpito tiene con el nuevo Gobierno? ¿Será de pactos?
No va a tener más remedio. O pacta o las cosas no salen. Es importante ver el grado de flexibilidad del Gobierno pero también de los de enfrente. El Gobierno tiene que reeducarse, en el sentido de que ya no tiene la mayoría absoluta. Hay signos esperanzadores, como la Lomce.
El nuevo Consell lleva ya un año y medio operativo. Los empresarios temían a los departamentos que dirige Compromís, como el de Economía o Agricultura y Medio Ambiente. ¿Se han confirmado los temores?
No. Para juzgar la labor de este Consell no es justo olvidar las condiciones en las que lo está haciendo. La infrafinanciación es una de ellas. Y les queda muy poco dinero para hacer políticas activas de cualquier tipo. Están haciendo lo que pueden. El gobierno de coalición está funcionando mejor de lo que esperábamos. Cabía esperar cosas peores. Aunque tenemos desacuerdos en cosas importantes. Cuando es así se lo decimos. Pero en general hago una valoración positiva de la actuación del Consell. Está funcionando razonablemente bien.
Ximo Puig quiere dialogar con el sector sobre los envases, pero Medio Ambiente dice que el único diálogo posible es sobre cómo se aplica el cambio. ¿Qué opina?
Es difícil encontrar una iniciativa que haya originado tanto rechazo en los que la tienen que aplicar de principio a fin. No están de acuerdo ni los consumidores. Alguien tendrá que pensar que no se puede implantar una norma en contra de la opinión de los que tienen que aplicarla, porque no va a funcionar. Eso no quiere decir que no haya un consenso generalizado en el sector en que algo hay que hacer con la recogida de envases, porque en la Comunitat Valenciana reciclamos menos que en otras zonas de España. Algo pasa. Y algo hay que hacer que sea prudente y que se pueda aplicar. Y me preocupa que se diga que se está dispuesto a dialogar para alguna cuestión de detalle, poco menos que una modificación cosmética. Eso no lo queremos. Queremos consenso y consenso no es: «Esto se hace sí o sí». No estamos de acuerdo.
Puerto Mediterráneo. ¿No cree que no ha sido autorizado más por motivos ideológicos que legales?
No me atrevo a opinar sobre los motivos. Desde el sentido común, en un momento en que necesitamos inversión externa y crear puestos de trabajo, cualquier cosa que le ponga trabas a eso no es un buen resultado. Y es obvio que se han puesto trabas. No se puede ir en contra de todo el mundo. La gente es soberana y llega un sábado o un domingo y va a donde le parece. Las opiniones de los consumidores hay que tenerlas en cuenta.
Ribera Salud. Los empresarios defienden la colaboración público-privada. Sin embargo, no parece que les ayude mucho en su reivindicación que se conozca que esta empresa está siendo investigada por cobrar comisiones al sector privado sobre productos que suministraba el sector público
Si alguien se ha quedado con el dinero que es de todos, las leyes están para eso. Ahora bien, yo no he oído nada de eso. No conozco el fondo de la cuestión, pero si todo el argumento es que Ribera Salud utilizaba una central de compras para adquirir las prótesis... me parece una práctica habitual.
El problema son las comisiones
Si usted utiliza una central de compras para obtener esas prótesis a mejor precio... Lo que no he visto es ninguna información que diga que la prótesis equis Ribera Salud la ha facturado a un precio superior al de la compra directa a la administración. Eso sería con lo que yo diría que alguien está abusando. Nadie ha dicho que están facturando a cien una prótesis y la compran a noventa. ¿Por qué no dicen a qué precio la compran? A ver si va a resultar que les cuesta más cara.
¿Se ha aclarado usted con el lío interminable de los horarios comerciales?
Es un tema que exige necesariamente el acuerdo de todo el mundo, porque afecta a la libertad de mercado, a la libertad de los ciudadanos de elegir lo que consideran conveniente y afecta a cómo se quedan las ciudades, a los derechos de los trabajadores. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que no se puede resolver es a golpe de sentencias judiciales. Hay que resolverlo con el diálogo y el acuerdo. Eso exige flexibilidad por parte de todos.
¿Comparte el criterio del presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, en contra de los bajos salarios?
Completamente de acuerdo. Ha habido casos abusivos sobre los trabajadores, como hacerles que firmen que trabajan ocho horas cuando realmente trabajan diez. Las leyes están para cumplirlas. Lo de AC Hoteles, que es una empresa de éxito, demuestra que se puede funcionar, tener clientes satisfechos, ganar dinero y no necesariamente haciendo cosas que puedan vulnerar la reglamentación laboral. En los casos en que así sucede hay que denunciarlo y los jueces tienen que actuar. Sobre todo con un salario mínimo tan bajo. Hay que subirlo.
